Sáenz Peña. La abogada local dijo que su cliente, un inversor saenzpeñense, reclama una indemnización de al menos $164 millones. Sostiene que sus ahorros fueron destinados a inversiones “no garantizadas” sin su autorización.
Un canal resistenciano concretó una consulta con la abogada Silvina Canteros Reiser y ésta dio detalles de una nueva demanda judicial que se suma a las presentaciones realizadas contra la Bolsa de Comercio del Chaco. En este caso, se trata de un inversor particular de Sáenz Peña que inició una acción civil y comercial para reclamar el resarcimiento de los daños que, según sostiene, sufrió a partir de operatorias financieras que no habrían sido autorizadas.
La abogada querellante, Silvina Canteros, explicó que la presentación fue realizada el 16 de febrero ante un juzgado civil y comercial de Sáenz Peña. “En el caso de mi cliente, que es un chaqueño, un particular, ya ha presentado una demanda para solicitar resarcir los daños por operatorias que no han sido consentidas”, señaló.
En la entrevista realizada, según detalló la letrada, tras analizar la documentación del caso concluyeron que no se trata de una inversión fallida, sino de una operatoria que habría sido realizada sin el consentimiento del inversor. “Luego de haber estudiado el tema, no es una inversión que salió mal, sino inversiones o una cartera de un inversor particular que se transformó en crédito privado para terceras personas sin ningún tipo de aval ni garantía y que además fue una operatoria no consentida por mi cliente”, sostuvo.
De acuerdo con la explicación de Canteros, el damnificado mantenía una relación desde hacía varios años con la Bolsa de Comercio del Chaco y tenía un perfil de inversión conservador. Inicialmente realizaba operaciones como la compra de dólar MEP y había confiado la administración de sus ahorros a profesionales de intermediación financiera. “Mi cliente confió su patrimonio para una administración prudente de sus inversiones dentro de parámetros profesionales básicos, algo que finalmente no sucedió”, dijo.
Otro caso de abuso y sin autorización
Tras revisar los resúmenes de la cuenta comitente, la defensa detectó que desde junio de 2015 las inversiones comenzaron a trasladarse progresivamente hacia segmentos denominados “No Garantizados” (NOGA).
“De su resumen comitente surge que a partir de junio del 2015 sus inversiones fueron migrando hacia inversiones en segmentos que se llaman ‘No Garantizados’. Inversiones que no fueron consentidas por mi cliente y sobre las cuales tampoco se ejerció el deber de información”, indicó.
En ese sentido, explicó que el dinero del inversor habría sido utilizado para financiar a terceros mediante cheques de pago diferido o pagarés sin garantías. “La cartera de inversión diversificada se transformó directamente en crédito directo para terceras personas sin aval ni garantía”, afirmó.
La demanda presentada reclama un monto indemnizatorio mínimo de 164 millones de pesos, en el marco de una acción por defensa del consumidor.
De ese total, se mencionan 86 millones de pesos correspondientes a pérdidas por cheques rechazados y otros 117,2 millones en cheques aún vigentes, pero que —según advierte la presentación judicial— presentan un alto riesgo de rechazo.
Entre los nombres que aparecen en la operatoria figura el empresario Rubén Médula, de la localidad de Charata, quien habría librado varios de los cheques cuestionados. Según se menciona en la demanda, estos documentos formarían parte de un esquema de financiamiento con fondos provenientes de inversores.
Canteros también cuestionó la ausencia de garantías en las operaciones y la falta de información brindada al cliente.
“Cuando uno negocia cheques de pago diferido, generalmente hay Sociedades de Garantía Recíproca que garantizan esas operaciones. Estas sociedades no existen en este caso”, explicó.
En ese sentido, señaló que, de haber conocido el destino de sus fondos, el inversor no habría autorizado esas operaciones. “Si mi cliente hubiera sabido que estaban invirtiendo sus fondos en ese segmento no garantizado, no lo hubiera autorizado”, afirmó.
La abogada también hizo referencia a declaraciones del gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco, quien habría mencionado la existencia de garantías hipotecarias. Sin embargo, sostuvo que dichas garantías nunca fueron presentadas. “Hay un hermetismo total y una falta de información al día de la fecha para con mi cliente”, remarcó.
Presentación judicial
La letrada aclaró que, en este caso particular, se trata de una demanda civil por daños y perjuicios y no de una denuncia penal.
“Lo mío es una cuestión civil, es una demanda de daños. No hemos hecho ninguna denuncia penal”, precisó. No obstante, indicó que su cliente podría prestar declaración en una causa que se encuentra en trámite en la Fiscalía Federal.
Esta presentación judicial se suma a otras denuncias que involucran a la Bolsa de Comercio del Chaco, entre ellas la impulsada por el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de distintas investigaciones por presuntas irregularidades en la administración de inversiones.
