Taco Pozo. Las denuncias por violencia institucional en Taco Pozo son graves y deben investigarse hasta las últimas consecuencias. Pero el antecedente de las presentaciones del intendente, el acto de desagravio a los médicos solidarios y el respaldo del PJ exponen otra dimensión: la disputa política por convertir los conflictos que involucran al Estado provincial en un costo electoral para Leandro Zdero, con la Gobernación de 2027 en el horizonte.
Lo ocurrido con los médicos de la asociación civil Todo por Todos en Taco Pozo, así como las denuncias por presuntos abusos, apremios ilegales y procedimientos policiales irregulares contra integrantes de la comunidad, constituye un hecho de enorme gravedad institucional. No hay especulación política que pueda relativizar la obligación del Estado de investigar, proteger a las víctimas y garantizar que la fuerza pública actúe dentro de la ley.
Pero una cosa es la gravedad de los hechos denunciados y otra, igualmente legítima como objeto de análisis periodístico, es la utilización política que distintos sectores hacen de ellos.
En Taco Pozo, el intendente Carlos Ibáñez, referente del peronismo kirchnerista, encontró en el caso del comisario Daniel Melchiori un escenario que le permitió reforzar un posicionamiento que venía construyendo desde 2024: el de denunciante de los abusos policiales y crítico de la política de seguridad provincial. El episodio con los médicos solidarios amplificó esa posición y terminó convirtiendo un conflicto local en una bandera de confrontación contra el gobierno de Leandro Zdero.
La pregunta ya no es solamente qué pasó en aquella comisaría y quiénes deberán responder ante la Justicia. También es cómo el kirchnerismo chaqueño pretende capitalizar políticamente este tipo de episodios en un escenario que tiene una fecha marcada en el calendario: las elecciones de 2027, cuando se pondrá en juego la continuidad del actual oficialismo en la Gobernación.
Una denuncia anterior al escándalo
La historia no comenzó con los médicos cordobeses ni con la repercusión nacional que adquirió el episodio de agosto de 2025.
Ibáñez había denunciado a Melchiori en junio de 2024 y, meses después, llevó sus cuestionamientos ante el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura. En esas presentaciones se señalaron presuntos abusos de autoridad, maltratos, detenciones arbitrarias y otros excesos en procedimientos policiales.
Esos antecedentes son relevantes por dos razones. Primero, porque muestran que las advertencias institucionales precedieron al caso de los médicos. Segundo, porque ubican al intendente en una confrontación con el jefe policial que venía desarrollándose antes de que el conflicto adquiriera una dimensión pública mucho mayor.
El 17 de agosto de 2025, las denuncias de integrantes de Todo por Todos cambiaron la escala del problema. La condición de los profesionales, que habían viajado para prestar asistencia sanitaria solidaria, multiplicó la repercusión y puso bajo la lupa el accionar de la Policía en una localidad alejada de los principales centros de decisión política.
El caso también expuso a la conducción provincial de la fuerza. El jefe de Policía, Fernando Romero, había reconocido anteriormente la actuación de Melchiori en materia de seguridad. Después del episodio con los médicos, el Gobierno provincial dispuso medidas administrativas y el comisario dejó la jefatura de la dependencia.
La contradicción entre el respaldo previo y la reacción posterior abrió un frente de cuestionamientos que excedió al propio acusado.
El desagravio: reparación judicial y rédito político
El 7 de noviembre de 2025, la Municipalidad de Taco Pozo realizó un acto público de reparación simbólica dirigido a los médicos solidarios. La ceremonia respondía a una disposición judicial, por lo que sería incorrecto presentarla como una iniciativa exclusivamente política de Ibáñez.
Sin embargo, que el acto haya sido ordenado por la Justicia no elimina su dimensión comunicacional ni el rédito que podía obtener el gobierno municipal al convertirse en el escenario público de las disculpas y la reparación.
Ibáñez quedó en condiciones de mostrar una secuencia políticamente favorable para su gestión: había denunciado a Melchiori antes del escándalo, había reclamado ante organismos institucionales y, finalmente, encabezó desde el municipio un acto que expresó públicamente la reparación a las personas afectadas.
El intendente no necesitó inventar el conflicto para obtener un beneficio político de él. La cuestión es que una crisis institucional real también puede convertirse en una herramienta de posicionamiento frente a un adversario.
Y ese adversario, en este caso, no es solamente Melchiori. Es el gobierno provincial al que el peronismo kirchnerista busca responsabilizar políticamente por el funcionamiento de la seguridad pública.
El PJ encontró un argumento contra Zdero
La dimensión partidaria quedó expuesta cuando el Partido Justicialista difundió un pronunciamiento que vinculó el caso con la responsabilidad política de la administración provincial y respaldó la actuación de Ibáñez.
El episodio dejó así de ser únicamente una controversia sobre procedimientos policiales para incorporarse al enfrentamiento entre el oficialismo provincial y una oposición que necesita reconstruir competitividad electoral.
El punto central no es cuestionar que el PJ denuncie presuntas violaciones de derechos humanos. Es legítimo que cualquier partido exija explicaciones al gobierno de turno. Lo que merece analizarse es la selección de los casos, el modo en que se los instala en la agenda y la estrategia con la que se busca transformar una crisis en desgaste político.
Porque el kirchnerismo chaqueño parece haber encontrado en los conflictos que involucran al Estado provincial una oportunidad para construir un relato de responsabilidad política sobre Zdero. Y el caso Melchiori, por su gravedad y su repercusión, ofrece elementos especialmente sensibles para esa estrategia.
La sombra del caso Cecilia y la memoria política de Capitanich
En el peronismo chaqueño hay una experiencia que sigue pesando en cualquier análisis electoral: el caso Cecilia Strzyzowski y el impacto que tuvo sobre la gestión de Jorge Capitanich en 2023.
La desaparición y el femicidio de Cecilia provocaron una conmoción social enorme y se convirtieron en un factor central de la crisis política que atravesó el entonces gobernador. La derrota electoral del oficialismo peronista se produjo en ese contexto, aunque no puede explicarse por un solo caso: también influyeron el desgaste de la gestión, la situación económica y otros factores políticos y sociales.
Ese antecedente dejó una enseñanza que cualquier fuerza política puede observar: cuando un hecho grave conmueve a la sociedad y compromete la actuación o los controles del Estado, el costo político puede superar ampliamente el expediente judicial.
Hoy, con la mirada puesta en 2027, cabe preguntarse si el kirchnerismo chaqueño busca reproducir esa lógica, esta vez contra Zdero. No necesariamente mediante la repetición de un hecho idéntico, sino a través de la acumulación de conflictos que permitan instalar una imagen de descontrol, ausencia de respuestas o responsabilidad política del gobierno provincial.
El caso Melchiori podría formar parte de esa construcción. También otros episodios que ocupan la agenda pública, como la desaparición del joven Axel, pueden convertirse en terrenos de disputa política si se los vincula con cuestionamientos a la actuación estatal.
Pero hay un límite que el análisis debe respetar: no existen elementos suficientes para afirmar que ambos casos integren una operación coordinada ni que tengan una equivalencia fáctica o judicial con el caso Cecilia. La comparación corresponde al terreno de la estrategia política y del eventual costo electoral, no al de la gravedad específica de los hechos ni al de las responsabilidades penales.
La hipótesis es que el peronismo kirchnerista procura que cada crisis que comprometa al Gobierno provincial deje de ser un episodio aislado y pase a formar parte de una narrativa general contra Zdero. Una estrategia de acumulación de cuestionamientos que, de sostenerse, podría tener como objetivo llegar a 2027 con un oficialismo desgastado por una sucesión de conflictos.
La responsabilidad institucional no puede quedar atrapada en la pelea electoral
Hay una diferencia fundamental entre investigar la utilización política de un caso y minimizar los hechos que dieron origen a ese caso.
Las denuncias contra Melchiori deben esclarecerse con independencia de quién las haya presentado, de la pertenencia partidaria del intendente y de la conveniencia electoral que pueda obtener el peronismo. Si hubo abusos o apremios ilegales, las responsabilidades deberán establecerse conforme a las pruebas y al debido proceso.
Lo mismo vale para el Gobierno provincial: corresponde examinar qué hizo frente a las denuncias anteriores, qué controles ejerció sobre la Policía y qué respuestas brindó cuando los hechos tomaron estado público. El reconocimiento previo a Melchiori y las decisiones adoptadas después del episodio con los médicos son antecedentes que merecen una explicación institucional clara.
Y también corresponde observar a Ibáñez. Sus denuncias previas son un antecedente concreto, pero su utilización política posterior debe analizarse con el mismo rigor con el que se examina la actuación provincial. Defender a las víctimas y obtener un rédito político no son hechos incompatibles; lo que no puede hacerse es confundir el beneficio político con una prueba de intencionalidad deliberada.
El juicio que comienza en Sáenz Peña permitirá avanzar en la determinación de las responsabilidades penales por los hechos que llegaron a debate. La discusión política, en cambio, continuará probablemente mucho más allá de la sentencia.
Una bandera que mira hacia 2027
El caso Melchiori expone dos planos que deben mantenerse diferenciados. En el primero, están las denuncias por presuntos abusos policiales, las personas afectadas y la obligación de que la Justicia determine qué ocurrió. En el segundo, aparece la disputa por el significado político de esos hechos y por quién pagará su costo ante la sociedad.
Ibáñez tenía antecedentes de denuncia contra el comisario antes de que el caso se volviera nacional. El acto de reparación, aunque ordenado judicialmente, consolidó su posición pública. El PJ, por su parte, trasladó la controversia al terreno de la responsabilidad política del gobierno de Zdero.
La secuencia permite sostener que el caso fue capitalizado por el peronismo kirchnerista. Lo que todavía requiere pruebas es afirmar que todo formó parte de una operación diseñada de antemano para perjudicar electoralmente al oficialismo.
La hipótesis política, sin embargo, merece ser planteada: con la Gobernación en disputa en 2027, el kirchnerismo chaqueño puede intentar convertir episodios como el de Melchiori —y otros conflictos que comprometen la respuesta estatal— en una acumulación de desgaste para Zdero, siguiendo la lógica de costo político que el caso Cecilia tuvo para Capitanich.
No se trata de equiparar tragedias ni de relativizar denuncias. Se trata de advertir que, en la política chaqueña, los hechos graves también se convierten en escenarios de disputa por el poder.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades por el caso Melchiori. La política, entretanto, ya disputa su significado. Y la pregunta de fondo es si el kirchnerismo chaqueño pretende hacer de cada crisis provincial un nuevo capítulo de una estrategia electoral destinada a debilitar a Zdero antes de 2027.
