Sáenz Peña. El debate contra el exjefe policial de Taco Pozo, acusado por la agresión a médicos solidarios y otros hechos denunciados en agosto de 2025, comenzará el viernes 23 de octubre. La jueza Mariana Benítez dispuso protección exclusiva para las abogadas querellantes y un esquema de circulación diferenciada dentro del tribunal.
La causa contra el excomisario Daniel Melchiori, que tomó repercusión nacional tras las denuncias por agresiones y presuntos abusos de autoridad contra médicos y voluntarios que realizaban tareas sanitarias en Taco Pozo, volverá a tener una fecha de inicio para el debate oral. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña fijó la audiencia presencial para el viernes 23 de octubre, a las 10, y solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina para garantizar la seguridad de las abogadas de la querella.
La decisión fue adoptada por la jueza de Cámara Mariana Inés Benítez, después de que las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe comunicaran que habían superado las condiciones de inseguridad que habían motivado la suspensión inicial del juicio. Las letradas ratificaron su voluntad de participar presencialmente y solicitaron que la custodia quedara a cargo de una fuerza federal, teniendo en cuenta que uno de los acusados pertenece a la Policía provincial.
La resolución del 19 de octubre establece que efectivos federales deberán custodiar exclusivamente a las representantes de la querella durante el debate. También ordena organizar ingresos y egresos diferenciados para las partes, con el objetivo de evitar que deban utilizar sectores comunes de circulación.
Una suspensión por razones de seguridad
El inicio del debate había sido suspendido el 16 de octubre, luego de que la magistrada evaluara una medida restrictiva dictada en otro expediente y considerara que persistía un contexto de vulnerabilidad y conflicto que debía ser atendido.
En la nueva resolución, Benítez sostuvo que, frente a la modificación de las circunstancias planteadas por las propias querellantes y la alternativa de seguridad propuesta, correspondía compatibilizar la protección de las profesionales con el derecho de las presuntas víctimas a obtener una respuesta judicial y las garantías de los imputados.
Entre sus fundamentos, la jueza destacó tanto la tutela judicial efectiva como el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Consideró que la continuidad del proceso no debía demorarse innecesariamente y que la custodia federal ofrecía una alternativa para avanzar con el debate bajo condiciones de seguridad.
Cinco imputados y una causa de alto impacto
El juicio comprende a Melchiori y a otros cuatro policías: Mario Alberto Argañaraz, Juan Pablo Vizgarra, Ramón Esteban Rojas y Nadia Verónica Serrano.
La acusación fiscal contempla presuntos delitos de apremios ilegales agravados por el uso de violencia en el ejercicio de la función, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica en instrumento público. Los hechos investigados se remontan al 17 de agosto de 2025, cuando integrantes de la asociación civil cordobesa Todo por Todos se preparaban para regresar a su provincia tras brindar atención sanitaria gratuita en Taco Pozo.
Según la hipótesis de la Fiscalía, durante aquella jornada se produjo una agresión contra uno de los voluntarios y posteriormente fue detenida la médica Candelaria García Nebbia. La investigación también cuestionó el contenido de un informe policial sobre una supuesta comunicación con la jueza de Paz y Faltas de la localidad.
Estos hechos integran la acusación que deberá discutirse en el juicio oral y cuya responsabilidad penal deberá determinar la Justicia.
El viernes, una nueva instancia clave
La audiencia fue fijada para el 23 de octubre a las 10 en la sede de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña. La resolución ordena notificar a la Fiscalía Adjunta en lo Penal de Derechos Humanos, a la querella, a la defensa técnica y a los testigos convocados.
El tribunal deberá llevar adelante el debate con las medidas especiales de custodia y circulación dispuestas para resguardar a las abogadas querellantes y garantizar el desarrollo de las audiencias.
La reprogramación representa un nuevo capítulo en una causa que trascendió el ámbito local y puso bajo la lupa el accionar policial denunciado en Taco Pozo. El proceso oral será la instancia en la que se examinarán las pruebas y se determinarán las responsabilidades que correspondan.
