Resistencia. El Defensor del Pueblo opinó respecto del convenio que rige entre Chaco y Nación. Reclama que «las autoridades deben enfocarse en lo más preciado, los niños».
Elescrito:
Por Gustavo Corregido (*)
La crítica situación de los comedores escolares chaqueños, quienes reciben la ínfima suma de $3,38 para refrigerio, $4,94 para comedores (almuerzo) y $10,72 para albergue (almuerzo y cena), se vuelve cada vez más crítica si se tiene en cuenta que ese valor no se actualiza desde 2016.
En Chaco rige un convenio que indica que Nación aporta un 60% y la Provincia el 40% restante del presupuesto para destinar a los comedores escolares.
Por fuentes de Educación pudimos saber que la provincia de Buenos Aires destina a la ración por alumno de jornada completa $18,95, casi el doble que en Chaco. En esa jurisdicción, sólo el monto destinado al desayuno ($11,85) es mayor al precio actual de nuestra provincia para los chicos que pasan el día en la escuela.
Nos preguntamos ¿por qué en Chaco se continúa destinando un precio tan bajo a la comida de los escolares? Si los poco más de diez pesos no alcanzan para cubrir todas las necesidades alimentarias, ¿por qué no actualizan los valores?
Nuestra región es una de las que tiene los costos más altos en los productos, tal como lo informó el INDEC en su último estudio de inflación. Ante esto, desde abril de este año desde la Defensoría del Pueblo estamos recomendando a Nación y a Provincia la actualización de los montos.
Por este problema recibimos la visita del Frente Gremial Docente (compuesto por ATECH, Federación SITECH, UTRE CTERA, FESICH SITECH Castelli, SADOP, SIDOCH, SITE Almirante Brown; FESICH 1 de Mayo; FESICH SITECH Dpto. Bermejo, UGREBI, SETPROCH), ya que urge un reajuste de valores destinados a las comidas de los chicos.
Las autoridades deben enfocarse en lo más preciado, los niños, que hoy van a la escuela a comer y después a estudiar. Estamos esperanzados en que hagan realidad lo que ya escuchamos en varios discursos y destinen los recursos necesarios.
Las autoridades nacionales y provinciales saben que estos valores son insuficientes y tienen la obligación funcional y moral de actualizarlos.
(*) Defensor del Pueblo
