25 noviembre, 2024

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Defensores solicitaron la absolución del ginecólogo Booth

Sáenz Peña. Durante la exposición de los alegatos mediante los abogados Nelson Pesoa y Carlos De Cesare. Fue el pasado viernes en la Cámara del Crimen N° 2, a cargo de la jueza Rosana Glibota.

“Plantemos la nulidad del conjunto de piezas, especialmente planteamos la nulidad de las acusaciones tanto del fiscal Carlos Rescala como de la señora querellante”, dijo Nelson Pesoa. En este sentido dijo que “hay determinadas pautas que estos actos tienen que tener conforme a doctrinas de la Corte Suprema que establece que en un proceso penal, una condición válida para que se dicte una sentencia condenatoria es que la acusación tiene que ser válida desde el punto de vista jurídico, tiene que reunir un conjunto de requisitos que a nuestra opinión no reúne”, señaló.

Pesoa y De Cesare expresaron también que “en nuestra opinión entendemos que tanto la acusación particular como la del fiscal hicieron una selección de pruebas, se olvidaron de valorar algunas pruebas, hay tres informes técnicos realizado por la Oficina de Medicina Forense del Resistencia que son favorables al Dr. Booth , las que dicen que no hay restos de semen, en el cuerpo de la víctima no hay, después hay una historia clínica del hospital de Campo Largo y de Sáenz Peña que ratifican la versión que da Booth de lo sucedido. Eso llama la atención, esas pruebas no fueron tenidas en cuenta y se trata de informes de peritos”.

Por último, los abogados consideraron que los pedidos de pena para el Juan Carlos Booth realizados tanto por el fiscal como por la querella “fueron excesivos y no estaban fundados”, y en tal sentido solicitaron la absolución de culpa y cargo de su defendido porque “el cuadro probatorio es totalmente desincriminante”.

Antes de la sentencia, el próximo 23 de octubre habrá una jornada para que las partes hagan uso de las correspondientes réplicas y dúplicas.

Cabe recordar que el fiscal Carlos Rescala y la querella particular habían realizado sus alegatos el martes solicitando una pena de 12 y 15 años de prisión respectivamente para el ginecólogo además de la inhabilitación perpetua como profesional.

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