Machagai. Un fallo de Cámara ratifica la nulidad de algunas ordenanzas y resoluciones, favoreciendo a 34 agentes a ser repuestos en cargos de sección, departamentos y direcciones donde habían sido nombrados. Empleados podrían pedir indemnizaciones millonarias por los daños causados.
Se trata de 34 empleados que subrogaban cargos de sección, departamentos y direcciones, y que fueron nombrados en los mismos en 2014, antes de la finalización del mandato de Héctor Lilo Vega, y ejercieron las subrogancias por más de un año.
Salvador «Pomelo» Lovey (ex dirigente gremial que había perdido la conducción del gremio) enojado y molesto por haber recibido un «no» a su continuidad frente al Suoem reúne a otras personas y manifestando tener calidad de damnificado presentaron un reclamo por considerar que hubo personas que quedaron afuera de aquellos nombramientos y plantearon la ilegalidad de la norma.
El Juzgado del Juez Civil y Comercial Alejandro Juarez (hoy destituido) primeramente no da lugar al planteo pero llama a una conciliación entre las partes, en diciembre de 2015. Ya en los primeros días de Gobierno de Juan Manuel García, éste junto a su presidente de Concejo José Luis «Pichy» Rudaz acuden a la conciliación en la que se niega al gremio del Suoem su participación.
Tras la conciliación Juarez notifica al Concejo Municipal de Machagai el resultado de la misma, y pide a los ediles que dejaran sin efecto la Ordenanza de nombramientos, y volvieran a llamar a concurso en tres meses. Así lo hicieron los ediles Leandro Chamorro, Mauro Gómez, José Guastalla, Samanta Guastavino, Griselda Maidana, José Marcón y Griselda Wasser, aunque varios de ellos manifestaron su malestar e hicieron notar que el presidente José Luis Rudaz había participado del acuerdo que se quería homologar sin mandato de los demás concejales. Finalmente, tras la moción de algunos ediles respecto a que si planteaban diferencias a lo pedido por el Juez Juárez podrían tener sanciones patrimoniales, «tumbaron» los nombramientos homologando el convenio, aunque a dos años de esa acción no se ha llamado a concurso como inicialmente se había pedido.
Esa acción promovida por el intendente García y acompañada por Rudaz y los demás ediles fue apelada en una instancia superior. Y la Cámara ratificó los nombramientos, generándose a partir de ello un grave problema para el Gobierno de garcía que podría terminar en demandas por daños y perjuicio costandole sumas millonarias a todo el pueblo, lo que equivale a menos recursos y menos obras y servicios.
«La Cámara le dió la razón a los trabajadores. El personal que había siendo nombrado subrogaba los cargos hacia mucho tiempo, tienen derecho adquirido en esas funciones. El fallo de la Cámara declara nula la Ordenanza por la que se homologó el acuerdo que había generado con la intervención del echado Juez Juárez, y pone nuevamente en vigencia la primera ordenanza que beneficia a los 34 compañeros», señaló el dirigente gremial Pedro Montenegro sobre esta cuestión.
Por otra parte el dirigente aseguró que «el intendente García ya habría presentado una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia para impedir que se beneficien nuestros compañeros. estamos aguardando que los concejales se expidan sobre esta cuestión, nosotros queremos que el fallo de la Cámara se considere en la sesión de esta semana y se vote, para saber quien o quienes, así como garcía, le dan la espalda a los trabajadores».
«García demuestra una vez más darle la espalda al trabajador, lo traiciona, y pone en vilo a las familias que no saben que sucederá con esta situación, por lo que los empleados de ratificarse la apelación en el STJ podrían pedir indemnizaciones millonarias por los daños causados y eso lo terminará pagando el pueblo, y el mismo García que podría ser denunciado también», dijo Montenegro.
¿Otro juicio millonario que pagara el pueblo?
Existen conceptos referidos a la continuidad administrativa e institucional, y que los gobernantes deben respetar y honrar. Esta nueva situación que involucra a 34 trabajadores podría dar origen a demandas de indemnizaciones millonarias que se sumarían a una ya existente desde hace años generada por la desidia y el orgullo de Lilo Vega y heredada por Juanchy García.
El pueblo de Machagai debe afrontar el pago de un juicio realizado por 13 trabajadores a quienes Lilo Vega les negó un pase a planta otorgado por el ex intendente Núñez. Tras años de idas y venidas judiciales el Municipio fue obligado a reicorporar a los trabajadores e indemnizarlos. Vega los reincorporó pero se negó y dilato el pago de los saldo a favor de los trabajadores, y esa situación heredo García.
El municipio podría afrontar en breve el embargo de sus cuentas para garantizar el pago de más de 20 millones entre capital e intereses y honorarios por el «caso de los 13», y esa situación equivale a menos recursos y menos obras y servicios. Tal lo que ocurrió en la intendencia de Núñez con el caso Yaya por honorarios millonarios en ese tiempo reclamado por un abogado que representó al Estado Municipal en una demanda de Telecom y perdió la misma, aunque igualmente cobró honorarios generando embargos a las arcas de la comuna haciendo peligrar incluso el pago de sueldos.
