Sáenz Peña. La abogada Noelia Vallejos denunció que por una mala interpretación de la ley, las dejaron sin intérprete a dos meses de terminar el año. En LT16Am950 anticipó que este viernes presentarán una acción de amparo si las autoridades no restituyen el acompañamiento pedagógico en el aula.
Un nuevo conflicto en materia de inclusión educativa se desató en Presidencia Roque Sáenz Peña. Dos alumnas con discapacidad auditiva —de 26 y 30 años— que cursan la secundaria para adultos en la Escuela N° 174 (modalidad BLA, turno noche) fueron privadas del servicio de interpretación en lengua de señas por contar con más de 24 años. En diálogo con la prensa, su abogada patrocinante, Noelia Vallejos, calificó la medida como un «atropello» y cuestionó la lectura que las autoridades hacen de la normativa vigente.
Expulsión, suspensión del servicio y silencio administrativo
El conflicto comenzó cuando las autoridades intentaron cargar los datos de las estudiantes en el Sistema de Información Educativa (SIE) y la plataforma bloqueó el trámite por edad. La respuesta jerárquica fue drástica: expulsaron a una de las alumnas y a la otra le suspendieron la asistencia pedagógica brindada por la Escuela Especial N° 6.
«Hasta el día de hoy, miércoles 16 de septiembre, no hemos tenido ninguna respuesta formal a la presentación realizada ante la Regional Educativa IV-A. Verbalmente, la directora regional Paloma Egea me dijo que la alumna puede seguir asistiendo a la escuela, pero sin la intérprete en el aula, pretendiendo que el docente común cumpla ese rol. Es una barbaridad», indicó a Voces de la Jornada.
Actualmente, las jóvenes no asisten a clases por la barrera comunicativa, acumulan faltas y corren riesgo de perder el año lectivo a pocas semanas de las evaluaciones finales.
«Confunden los límites de edad de la ley»
La letrada explicó que la decisión oficial se ampara en una aplicación errónea de la legislación provincial de educación: «Hacen una mala interpretación del artículo 74, inciso 3, de la Ley Educativa Provincial N° 1887-E. Ese límite de 24 años para el acompañamiento de la Escuela Especial rige únicamente para la formación profesional laboral, no para los niveles obligatorios como la primaria o secundaria, donde la educación es un derecho garantizado sin límite de edad».
Un antecedente clave en la Justicia saenzpeñense y plazo límite
Ante el silencio de la administración, la querella tiene todo listo para judicializar el reclamo. Vallejos recordó que existe jurisprudencia previa en la ciudad, tras una medida cautelar impulsada en 2023 donde el Juzgado Civil y Comercial N° 1, a cargo de la Dra. Filipchuk, obligó al Estado provincial a crear cargos de intérpretes pedagógicos para alumnos sordos e hipoacúsicos.
«Este viernes vence el plazo administrativo. Si para las 12 del mediodía no hay una respuesta oficial que reintegre de manera urgente el acompañamiento dentro del aula, presentaremos una nueva acción de amparo contra el Ministerio de Educación para resguardar el derecho a estudiar de mis patrocinadas», concluyó la abogada.
