Resistencia. Desde la empresa estatal remarcan que hay una cuestión política y minimizan las acciones judiciales que salpican a funcionarios.
A través de su área de Asesoría Legal, los abogados de Secheep señalaron que las declaraciones del legislador de Cambiemos, «son falaces”, al tiempo que consideraron que «solo pudo haber tenido la intención de engañar a la población y usar la situación como chicana política con la sola intención de obtener votos para las próximas elecciones, ya que carecen de propuestas serias destinadas al bienestar de todo el pueblo chaqueño”.
Insistieron en que los dirigentes de Cambiemos jamás criticaron el tarifazo de 805 por ciento que el Gobierno de Macri le aplicó a los chaqueños y menos que menos denunciaron a la Nación, por no devolver el dinero de los chaqueños y solo entregar notas de crédito.
Desde la Asesoría Legal de Secheep se informó que el Presidente y Directivos de la empresa no han incurrido en desobediencia judicial, como tampoco han incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Aseguran que Secheep ha cumplido totalmente con las medidas cautelares dictadas, tanto por Jueza Federal, doctora Zunilda Niremperger, como la dictada por el Juez Provincial, doctor Marcelo Gauna, que tenía como único objeto el cumplimiento por parte de Secheep de las cautelares dictadas por la Justicia Federal.
Por otra parte se aclaró que Secheep desde que recibió la primera Nota de Crédito por parte de Cammesa, quien la emitiera ante la presión de la Justicia Federal para que cumpla la medida, en enero de 2017, solicitó a la Justicia Federal para que intime a CAMMESA a que brinde las explicaciones correspondientes para poder trasladar el crédito emitido a los usuarios, constancias estas que obran en las actuaciones judiciales, como también solicitó por Nota a Cammesa a que le dé esas explicaciones. Sin embargo, Cammesa recién brindó estos detalles, mediante una nota del 31 de Mayo de 2017.
Se insiste en que jurídicamente los planteos de los dirigentes de Cambiemos carecen de todo sustento jurídico, por cuanto no se dan los presupuestos que el tipo penal requiere para que exista «desobediencia judicial e incumplimiento”.
