Sáenz Peña. La abogada volvió a expresarse por el Concurso de Nombramiento de Fiscales, que finalmente fue declarado desierto en lo que podría ser una fuerte maniobra política partidaria. Bajo el título «El costo invisible de una designación frustrada», la profesional no se guardó críticas para nadie.
De Langhe considera que la declaración de concurso desierto para los cargos de Fiscales N° 1 y N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial «no es un episodio aislado ni un trámite fallido», se trata de un hecho que «impacta directamente en la confianza social en la justicia».
«Durante el último tiempo, el Consejo de la Magistratura venía proyectando una imagen de fortalecimiento institucional: procesos transparentes, la expectativa de consolidar un Ministerio Público más sólido y eficiente. Ese trabajo generó esperanza. Generó la sensación de que el sistema podía mejorar. Entiendo que por eso el golpe es más profundo», reflexionó inicialmente.
De Langhe apuntó: «Estamos ante un proceso que estaba en condiciones de resolverse y se frustra por falta de mandato de quienes debían representar a los abogados de la II Circunscripción, no estamos ante una diferencia técnica, se trata de una pérdida de compromiso institucional». Y agrega abonando sus críticas que el Colegio de Abogados no es un actor marginal en este esquema. Es la voz organizada de quienes ejercemos diariamente la profesión. Es el canal a través del cual los matriculados participan en decisiones que afectan el funcionamiento del sistema judicial. Cuando esa representación no se ejerce con la diligencia que el momento exige, el daño no es interno. Es social».
Hechos que socaban la confianza
«La ciudadanía no conoce los mecanismos del Consejo. No distingue mayorías circunstanciales ni formalidades de mandato. Lo que percibe es algo más simple y más doloroso: que la justicia vuelve a quedar incompleta. Un concurso declarado desierto no es una abstracción jurídica. Es un fiscal menos en funciones. Es una investigación que se dilata, una víctima que espera, un imputado que permanece más tiempo bajo incertidumbre, un sistema penal que vuelve a sobrecargarse», dice hablando del daño que se ocasiona, y agrega «cuando el sistema se sobrecarga, se resienten las garantías constitucionales de todos, generando este episodio una sensación de quiebre».
El Colegio politizado y convertido en un Comité
«El Consejo de la Magistratura, con sus aciertos y sus tensiones, venía sosteniendo una dinámica de funcionamiento que transmitía institucionalidad. La falta de compromiso del Colegio de Abogados de la II Circunscripción en un momento decisivo, rompe esa línea de continuidad y deja una pregunta incómoda: ¿estamos comprendiendo la magnitud de las responsabilidades que asumimos cuando representamos a otros?», dice mostrando, en su voz, el enojo de muchos otros abogados.
Respecto al rol que se debiera cumplir, apunta que «un colegio profesional no es solo una estructura administrativa. Es una institución llamada a defender el correcto funcionamiento de la justicia, porque somos los abogados quienes trabajamos cotidianamente dentro de ella. Perder de vista ese rol implica perder de vista la razón misma de la representación. No se trata de señalar personas. Se trata de asumir que cuando una institución omite actuar con la diligencia debida en un punto clave, el mensaje que se transmite es de descoordinación, de fragilidad y, para muchos ciudadanos, de desahucio».
Las instituciones deben ser cuidadas
De Langhe apunta al rol de los resortes que sostienen la República, y menciona que «la sociedad necesita creer que las instituciones funcionan aun cuando existan diferencias internas. Necesita confiar en que, al momento de decidir, prevalecerá el interés general por encima de cualquier otra consideración. Cuando eso no ocurre, se resquebraja algo más profundo que un concurso: se resiente la credibilidad».
«Como abogada que ejerce en esta circunscripción, mi preocupación no es partidaria ni coyuntural. Es institucional y social. Porque el sistema penal no puede permitirse vacíos prolongados sin que el equilibrio se altere. El costo invisible de esta designación frustrada no se verá hoy en un titular, se verá en meses de demora, en mayor carga laboral, en mayor desgaste, en mayor descreimiento. Y la confianza pública, una vez quebrada, es siempre más difícil de reconstruir que de sostener. Ese, en definitiva, es el verdadero daño», sostuvo.
