Buenos Aires. El Gobierno enviará en las próximas semanas un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años, a pesar del rechazo de la «mayoría» de las organizaciones y expertos consultados.
Tras varias reuniones con distintos referentes de la Justicia, entidades civiles y organismos oficiales, el pasado jueves se llevó a cabo la última reunión de la mesa de trabajo interdisciplinario que convocó el Ejecutivo para discutir y redactar un proyecto de ley para crear un sistema de responsabilidad penal juvenil que actualmente está regido por un decreto de 1980 firmado por el dictador Jorge Rafael Videla.
En ese encuentro se debatió sobre la edad de punibilidad que hoy es de 16 años y el Gobierno pretendía bajarlo hasta los 14, que fue el cambio más llamativo que se impulsaba de antemano.
A pesar del «categórico consenso por no bajar la edad de punibilidad» que expresaron los participantes de la reunión, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, ratificó en diálogo con FM Delta que «el Gobierno va a avanzar en el proyecto que va a enviar en poco tiempo al Congreso postulando la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años».
A pesar de que reconoció que la negativa de la gran mayoría de los expertos consultados «no fue una sorpresa» y de que «hubo una mayoría de gente que planteaba no bajar la edad de imputabilidad», el funcionario nacional insistió en que «la posición del Gobierno y del ministro (de Justicia, Germán Garavano) sigue siendo la misma».
Respecto de la opinión de los que se manifestaron en contra de ese punto de la iniciativa, el integrante de la cartera judicial explicó que la ronda de consultas interdisciplinarias fue «un proceso participativo», pero «no vinculante».
«La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta, sino que tiende a dejar las cosas como están», se quejó Casares en declaraciones al diario Clarín.
Pese a no haber llegado a un acuerdo en el tema de la edad de imputabilidad, celebró el «consenso» respecto a «una modificación hacia un paradigma de responsabilidad penal juvenil y cambiar el sistema tutelar actual, que permite una discrecionalidad en los jueces, que pueden ir del extremo de internar a los chicos con más tiempo del necesario a declararlo inimputable».
