Buenos Aires. El martes que viene el Consejo Directivo avanzará en la fijación de la fecha para la huelga y también rechazará la convocatoria oficial por los 10 puntos de gobernabilidad.
La CGT inició ayer la cuenta regresiva para un nuevo paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri entre fin de este mes y principios de junio. La decisión de adoptar la medida, conversada ayer por la “mesa chica” de la central, se precipitó en lo visible por el allanamiento judicial contra el gremio de Camioneros pero será, en lo esencial, la respuesta de la cúpula sindical a los incumplimientos del Gobierno a los compromisos de restitución de fondos para las obras sociales y a la falta de respuesta a otras demandas planteadas en negociaciones. El martes que viene el Consejo Directivo avanzará en la fijación de la fecha para la huelga y también rechazará la convocatoria oficial por los 10 puntos de gobernabilidad.
“Seguramente la semana que viene vamos a conversar la chance de un nuevo paro nacional. Si por mí fuera habría que convocarlo para este mismo mes”, le anticipó a este diario Carlos Acuña, uno de los cosecretarios generales de la CGT. El dirigente del gremio de estaciones de servicios cuestionó, además, la convocatoria del Ejecutivo a un consenso multisectorial en torno de diez puntos de gobernabilidad: “en lugar de llamarnos por esos diez puntos que se dediquen a lo urgente. Faltan tres meses para las PASO y el diálogo queremos tenerlo pero con el próximo gobierno”, sentenció.
El endurecimiento de la CGT fue el eje del encuentro que mantuvieron ayer sus principales referentes en la sede del gremio de estatales UPCN. En la reunión los participantes coincidieron en cuestionar la demora del Ejecutivo en reglamentar el decreto que ordena una vez más la devolución de una deuda por unos 32 mil millones de pesos a las obras sociales sindicales. Sobre todo cuando esa promesa había sido la principal razón de la central para no sumarse al paro del 30 de abril convocado por el Frente Sindical por el Modelo Nacional.
A sabiendas de que el sector que lidera Hugo Moyano ya había iniciado gestiones internas para llamar a una nueva huelga general, la “mesa chica” de la CGT decidió ayer que en esta ocasión se anticipará para luego arrastrar tras su anuncio al resto del arco sindical. En la reunión de ayer se encontraban uno de los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, el mercantil Armando Cavalieri, el anfitrión, Andrés Rodríguez, el albañil Gerardo Martínez, el colectivero Roberto Fernández, el maquinista de trenes Omar Maturano y –una novedad para este tipo de cónclaves- el gastronómico Luis Barrionuevo.
La certeza sobre un sexto paro nacional contra Macri está asentada tanto en la CGT como en el frente sindical de los Moyano, adonde también reportan los mecánicos del Smata, el bancario Sergio Palazzo, la Corriente Federal de Trabajadores y las dos versiones de la CTA. Dirigentes de ambas veredas admitieron que el allanamiento de ayer contra Camioneros reconstruyó los puentes y hasta dijeron interpretar con entusiasmo la renovada cercanía como un anticipo de los movimientos del peronismo con vistas a las elecciones.
El nuevo escenario condena al enfriamiento las negociaciones que tenía en marcha con la CGT el Gobierno a través del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El funcionario evaluaba con su equipo avanzar sobre algunas concesiones para devolver la gentileza del sindicalismo tradicional de no haber acompañado a Moyano al último paro, y tal vez asegurarse un tránsito sin sobresaltos hasta octubre.
En ese combo figuraba, al menos hasta la semana pasada, un relanzamiento consensuado del proyecto de blanqueo laboral –condonación total de multas y acciones penales contra empresarios y reconocimiento por parte del Estado de hasta 5 años de aportes para trabajadores formalizados- con la inclusión de la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), una herramienta anhelada tanto por obras sociales como por prepagas para poner un freno a los juicios de sus afiliados. También, la eventual reimplantación del mecanismo administrativo que rigió hasta el 31 de marzo –y que el propio Gobierno eludió- y que creó una instancia intermedia a zanjar por las empresas que quisieran efectuar despidos individuales. Y, por último, un posible alivio en el pago del impuesto a las Ganancias para los trabajadores del transporte.
