18 abril, 2024

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¿El Oficialismo con problemas de marquesinas? Se impulsan proyectos por separados para crear Juzgados

Resistencia. Dos diputados oriundos de Sáenz Peña avanzaron en la presentación de un proyecto de Ley, el 459/2024, que impulsa crear un Juzgado y una Defensoría. Sin embargo ahora el Ejecutivo también impulsa un proyecto de Ley similar con cargos y estructuras tanto en la capital como el interior. Qué sucede en el nuevo Oficialismo, acaso no hay un acuerdo estratégico en la agenda de temas cómo éstos?

Los diputado Andrea Silvina Canteros Reiser, Diputado Ivan Nicolás Gyoker, presentaron el pasado 6 de marzo a las 12:41 un proyecto de Ley identificado como 459/2024 que crea nuevos organismos competentes y cargos en la Circunscripción con asiento en Sáenz Peña. Apuntan a la creación del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 3, con un juez, tres secretarios y demás personal que determine el STJ, además de pedir la creación de la Asesoría del Menor N° 3 con un asesor de menores y demás personal.

Ayer, 7 de marzo, el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley propiciando la creación de los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia, pero en este caso para las ciudades de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.

“La creación de los mencionados juzgados obedece a un reclamo de la comunidad que necesita mejorar su acceso a la justicia y la celeridad en la resolución de las causas” explicó el ministro Gómez y agregó que fue un “pedido expreso del gobernador Leandro Zdero que siempre busca dar soluciones a las demandas que realizan los chaqueños”.

En ambos caso, tanto el ministro Gómez, como los diputados Reiser y Gyoker, a la hora de exponer justificativos citan el crecimiento de la cantidad de denuncias formuladas con origen en situaciones de violencia intrafamiliar, y que frente a la demanda de la sociedad, el Poder Judicial no puede ser ajeno.

Si bien cuando hay varias presentaciones los legajos se unifican en el tratamiento y análisis desarrollada por las comisiones, no se puede evitar hacer notar esta suerte de «teléfono cortado» en el Oficialismo como si no hubiese un acuerdo estratégico en la agenda de temas cómo éstos.

Que exista un proyecto desde el Ejecutivo, quiere decir que hay decisión política. Ahora bien, una vez resuelta la creación de la Ley, debe el Estado (Ejecutivo y Judicial en este caso) hacer las previsiones presupuestarias para implementar y que no suceda cómo ocurrió con las Fiscalías Rurales que se implementaron tras 16 años.

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