Napenay. La Justicia ordenó el embargo del 20% de los fondos de coparticipación del municipio de Napenay tras el incumplimiento de medidas cautelares y amparos que ordenaban reincorporar a 29 empleados despedidos en 2023. El abogado Marcelo Reano advirtió que, además de las multas diarias por astreintes, lo más urgente para los trabajadores es recuperar el sueldo y la cobertura social.
De acuerdo con lo expresado por el letrado, en 2023 fueron cesanteados sin justa causa 29 trabajadores municipales, por lo que se presentaron tres grupos de medidas cautelares y amparos en el fuero laboral que dispusieron el restablecimiento de los puestos. Ante la falta de cumplimiento, se avanzó con acciones de astreintes y ejecuciones en juzgados civiles.
«Allá en el año 2023, 29 trabajadores de la municipalidad de Napenay, al ingreso del nuevo gobierno, habían sido despedidos sin justa causa, como nosotros lo entendimos en un principio, y a raíz de eso interpusimos en tres grupos, ya que eran bastante la cantidad de actores, tres medidas cautelares y amparos, acá en el juzgado laboral, que una vez que se interpuso en los pocos días ordenó el restablecimiento de esos 29 puestos de trabajo», dijo reano.
Reano explicó que el embargo alcanza al 20% de coparticipación por cada expediente sobre fondos no afectados a sueldos —destinados habitualmente a obras como pavimento, veredas o reparaciones—, y que ya se avanzó con la primera cuota a través de la Secretaría de Hacienda provincial, solicitándose el CBU a los trabajadores para iniciar el pago.
«Acá no es el problema de fondo la cuestión del pago este, que es, como te digo, una multa procesal por incumplimiento de la manda judicial. El problema es que estos 29 trabajadores no están teniendo aporte en el InSSSeP, y al no tener aporte en el InSSSeP, no tienen sueldo obviamente, no tienen tampoco obra social», apuntó el abogado de los trabajadores.
El abogado señaló que la administración municipal tenía herramientas legales —como la acción de lesividad— si cuestionaba designaciones, pero sostuvo que se actuó de manera unilateral y en destiempo, generando múltiples causas judiciales y un fuerte impacto en las arcas municipales.
«Muchas veces los intendentes que llegan tan mal asesorados, o llegan sin conocimiento, y hacen una limpieza de trabajadores que concurren después a que el Estado tenga que soportar, por culpa de estas malas decisiones, un costo al erario importante», sostuvo Reano.
Finalmente, remarcó la disposición a alcanzar un acuerdo para que los empleados vuelvan a sus puestos de planta en las condiciones previas a 2023 y aclaró que la falta de fondos para obras responde al incumplimiento judicial y no al reclamo de los trabajadores.
«Tenemos toda la buena voluntad de llegar a un acuerdo, pero siempre obviamente no con un contrato, porque esta gente es de planta, sino con la forma de buscar que vuelvan a restablecer su puesto de trabajo en las condiciones antes del 2023», agregó.
