Sáenz Peña. La sindicalista llegó temprano, muy custodiada y se abstuvo de declarar en la causa donde se la acusa de estafar a 100 familias por un barrio de viviendas que jamás se construyó.
Carlos De Cesare, abogado de las familias, confirmó que cerca de las 8 de la mañana la secretaria de los judiciales se presentó en la Fiscalía de Liliana Lupi.
Recordó que la gente con el sueño de la casa propia compró terrenos de buena fue a fines del año 2014 con la promesa de edificaciones a futuro en lo que sería «el nuevo barrio judicial» en la ciudad Termal.
Hace algunos días Lupi impuso cauciones en dos de los imputados: Miguel Ramos con una suma de $12.000.000 pesos, y Luis Vargas por $ 8.000.000.
Hoy fue el turno de Graciela Aranda quien se presentó ante la Fiscalía para declarar como imputada, pero hizo uso del derecho a no prestar declaración, y también le fijaron una caución (para el cumplimiento de una obligación). Luego fue llevada al Gabinete Científico donde le hicieron la toma de huella digital.
Lo grave de esto es que los afiliados al Sindicato de Trabajadores Judiciales se muestran en silencio y sin reacción en una causa compleja, con 100 familias estafadas y donde el Sindicato y Aranda recaudaron el dinero, jamás ejecutaron las obras, y ni siquiera hicieron las escrituras a nombre de quienes pagaron por los terrenos ya que éstos fueron enajenados a nombre de una Fundación presidida por la misma Aranda.
El Sindicato fue una herramienta necesaria para conducir esta estafa? Los afiliados al Sindicato no temen por la institución que les pertenece? Será verdad los rumores que mencionan que un político muy allegado a un ex gobernador y un constructor estuvieron también relacionados a este ofrecimiento que se les hizo a las familias?
