Resistencia. En defensa de contrataciones políticas el gremio que conduce Coria genera que distintos pacientes no puedan resolver trámites y manifiesten su disconformidad por «atención deshumana» o por no poder resolver las tareas que tenían programadas. ¿Por qué no actúan los organismos de derechos humanos o el Defensor del Pueblo?
El gremio que representa a los trabajadores, y que es conducido por Zulema Coria, exige por 126 contratos vencidos y no renovados, que provienen de la gestión anterior y que serían «contrataciones políticas» del «operativo retirada de Capitanich». Caras de disconformidad, idas y vueltas, y trámites no resueltos se suceden en medio de jornadas en la que solo se promete la atención de «urgencias», pero hasta éstas tienen dificultades.
«Aquí no nos quieren atender, se esconden detrás de los armarios. Mi marido tiene iniciado un expediente desde hace un mes, y nadie sabe nada», reclamaba una mujer desesperada en los pasillos.
Qué está pasando?
Desde que la obra social cambió su directorio, hoy presidido por Irene Dumrauf, los trabajadores llevan a cabo un segundo paro, esta vez por 72 horas, para exigir la renovación de más de 120 contratos vencidos el 31 de diciembre. A pesar de las promesas de atención de emergencias, los afiliados reportan dificultades. La Justicia validó las decisiones del directorio de INSSSEP, desestimando el amparo de la AGPIPS, pero los reclamos continúan.
En cuanto al reclamo puntual, insisten desde el sindicato que se trata de la no renovación de 127 contratos realizados en diciembre y que vencieron ese mismo mes.
Dumrauf cuestionó la postura de los trabajadores y calificó de ilegal el paro que concluirá recién el día jueves. «Entre pagar las deudas y cumplir con los afiliados proporcionándoles medicamentos, prótesis y derivaciones a Buenos Aires, no tengo mucho margen para pensar. Debo optar por satisfacer esa demanda y no por la renovación de 126 contratos», planteó la presidenta de la obra.
Quién hará algo pensando en los afiliados?
La pelea entre las nuevas autoridades y el gremio es política. Un gremio que responde al Peronismo en retirada y que defiende contratos hechos en diciembre y vencidos en el mismo mes (Operativo Retirada de Capitanich). Nuevamente así la caja estatal tomada como botín de guerra, para resolver cuestiones personales y «dejar con trabajo» a los amigos, como sucedió en Sameep con Liliana Spoljarich que finalmente fue justamente echada.
Ahora bien, qué pasará con la gente que necesita imperiosamente de la obra social o están en medio de sus tratamientos, acaso no debería la Justicia garantizar la salud de las personas, no es este el momento donde los que enarbolan las banderas de los derechos humanos o el mismísimo Defensor del Pueblo deberían estar actuando?
