Buenos Aires. Luego de negarse a declarar, De Vido está siendo trasladado al hospital penitenciario central de Ezeiza para realizarse chequeos médicos.
El diputado nacional Julio De Vido se entregó en los tribunales de Comodoro Py, minutos después de que el cuerpo de legisladores de la Cámara Baja decidiera quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. En total, 176 legisladores se pronunciaron a favor de desaforarlo al ex Ministro (entre ellos cuatro integrantes del bloque del Frente para la Victoria), ninguno en contra, y se registró apenas una abstención.
Cuando luego de la votación en la Cámara de Diputados un contingente de Gendarmería se presentó en el departamento que el ex Ministro tiene en la avenida Libertador y Coronel Díaz, De Vido ya se encontraba camino a Comodoro Py en un auto de sus abogados. Rodeados de decenas de curiosos que se acercaron a la puerta del edificio en medio de festejos y celebraciones por la decisión de los Diputados, los gendarmes estuvieron un buen rato dentro del edificio, hasta que finalmente se retiraron con las manos vacías.
Esto sucedió porque De Vido pasó la noche en el departamento de uno de sus hijos, en Palermo. Hoy, almorzó con su su familia en esa misma casa, y cuando la Cámara de Diputados votó su desafuero, se fue de allí en un auto, con destino a Comodoro Py, donde finalmente llegó pasadas las tres de la tarde. El ex Ministro entró a los tribunales federales por el Ala Río del edificio al grito de «mándenle champagne a la doctora Carrió». En el cuarto piso, que está cerrado y custodiado por la Policía Federal, él y sus dos abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, fueron recibidos por el juez Luis Rodríguez, quien tiene a cargo una de las investigaciones que lo llevaron a la cárcel.
Alrededor de las 15.30, en el cuarto piso de Comodoro Py, que fue desalojado por la presencia del ex Ministro, De Vido y sus abogados fueron notificados del procesamiento con prisión preventiva y del embargo por personal del juzgado 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.
Luego de negarse a declarar (ratificó el escrito que presentó el lunes pasado), De Vido cuestionó al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el despliegue de la Gendarmería en su departamento de Libertador. Además, dijo que tiene temor por la seguridad de su familia.
Poco antes de las 19, De Vido fue escoltado al convoy del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo está trasladando al hospital penitenciario central de Ezeiza para realizarse chequeos médicos, ya que el ex Ministro tiene diabetes. Esto no significa que el ex funcionario quede detenido en el penal de Ezeiza: eso se definirá en las próximas horas (la otra opción es que lo trasladen a Marcos Paz).
A los 67 años (a los 70 estaría en condiciones de pedir la prisión domiciliaria), el ex ministro de Planificación del kirchnerismo tiene dos pedidos de detención: uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques de gas natural licuado; la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio.
En la primera de las dos, De Vido está acusado de haber participado en una «maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal».
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, «se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado» de aproximadamente USD 6.995 millones, «pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado», indicó Bonadio.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a Baratta y De Vido, sobre quien pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, y también procesó al ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor y cobró supuestas comisiones indebidas.
Por otro lado, en la investigación en torno a los desmanejos de la mina de Río Turbio, el ex Ministro está acusado por la malversación de fondos públicos para distintas obras en esa localidad de Santa Cruz de unos $26.000 millones entre los años 2006 y 2016; además, se calcula que hubo un desvío de $265 millones hacia otros fines de los previstos.
