Sáenz Peña. Todo el interior del Chaco atraviesa una paradoja inaceptable respecto a la salud pública: mientras miles de familias aguardan la concreción de una nueva ala de atención y guardia pediátrica de alta complejidad en el Hospital 4 de Junio «Dr. Ramón Carrillo», las obras permanecen paralizadas.
¿El motivo? La negativa intransigente de la Fundación «Hoy Soy Yo» a desocupar el espacio físico dentro del predio hospitalario para dar paso a las máquinas.
Bajo el atrayente e intocable lema de «No a la demolición», la conducción de la fundación ha articulado un cerco mediático y de resistencia que intenta presentar la situación como una afrenta contra los pacientes oncológicos. Sin embargo, detrás de la bandera de la empatía se oculta una postura abiertamente hostil, obstructiva y corporativa que para muchos supone antepone el supuesto control de una caja y un inmueble público por sobre la salud de miles de niños de la provincia.
Nadie pone en duda la importancia teórica de acompañar a las personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer. Pero también, por pretender una obra que fortalezca el servicio hospitalario nadie puede decir que quienes gobiernan, sea intendente o gobernador, estén en contra de los pacientes, pero esta situación es aprovechada por alfiles del PJ que cuestionan el encendido de luces rosas en octubre mencionando sugestivamente que «se condena a los pacientes oncológicos» por pretender el espacio que hoy ocupa la fundación.
Pero en realidad lo que la sociedad saenzpeñense hoy cuestiona con dureza es el verdadero uso que se le da a esa noble causa. La fundación funciona desde hace años como una estructura cerrada que recauda fondos, donaciones y aportes públicos y privados, y la mirada crítica está puesta en la supuesta casi nula debida rendición de cuentas, lo que tiñe de vidrioso la transparencia que exige el manejo de la solidaridad social.
Al negarse rotundamente a dejar el edificio —incluso ante el compromiso oficial del Gobierno Provincial y Municipal de garantizar un nuevo espacio alternativo y financiar plenamente sus refacciones e instalación, a pocas cuadras de donde hoy están funcionando— la dirigencia de la entidad deja al descubierto su verdadera motivación. No se trata solamente del bienestar del paciente oncológico, que bien podría ser atendido en un espacio adecuado y modernizado fuera del área de obras; se trata de mantener una casilla territorial estratégica que legitima su captación de recursos sin fiscalización alguna, o bien de pretender que se le «done» definitivamente un edificio. Pero, ¿y las demás fundaciones o entidades de beneficencia y solidaridad social como funcionan? ¿Acaso todas pretenden que el Estado sea siempre el del obsequio? El ejemplo de que el Estado no siempre debe facilitar todo es la Fundación Ciudad Limpia y la mega obra de Casa Garrahan Chaco.
Qué se pierde
Mientras la fundación atrincherada se aferra en consignas emocionales, las consecuencias de su bloqueo las sufren los más vulnerables.
Atención médica pediátrica colapsada: El Hospital 4 de Junio es el nodo sanitario central para más de la mitad de la provincia. La falta de un ala pediátrica moderna y una guardia equipada se traduce en demoras, derivaciones costosas a Resistencia y un hacinamiento que pone en riesgo diario la vida de bebés y niños.
Infraestructura de salud paralizada: Cada día que la obra se detiene significa costos adicionales, postergaciones presupuestarias y el riesgo real de que el financiamiento o la ejecución del proyecto sufran imprevistos en un contexto económico complejo.
Pérdida de la centralidad sanitaria: Sáenz Peña pierde la oportunidad histórica de consolidar un centro de referencia en pediatría para todo el impenetrable y el centro-oeste chaqueño, supeditando el derecho colectivo de la infancia al capricho particular de una comisión directiva.
¿Y el interés común?
El acompañamiento social no puede ser patente de corso para usurpar o bloquear bienes del Estado destinados al bien común. La postura de la Fundación «Hoy Soy Yo» aparentemente ha sobrepasado los límites de un reclamo sectorial para convertirse en un freno al desarrollo sanitario de la provincia.
El Estado provincial y la Justicia tienen la responsabilidad constitucional de hacer prevalecer el interés general. La solidaridad no se mide por la cantidad de ladrillos públicos que se ocupan sin rendir cuentas, sino por la capacidad de aportar al bien general. Los niños del interior del Chaco no pueden seguir esperando.
