Corrientes. Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa buscan unificar criterios para morigerar el golpe que significa el aumento del Gobierno nacional. La medida dificulta el cumplimiento de obligaciones y pone en jaque la «tarifa Social», aunque en Chaco, el Gobernador mantendrá el beneficio.
Por otra parte, las empresas provinciales distribuidoras exigen a la Nación, la reglamentación del artículo 15 de la Ley de Presupuesto.
El presidente y el vocal del Directorio de SECHEEP, José Tayara y Miguel Ángel Aquino, participaron en Corrientes de una extensa reunión con representantes del sector energético de las provincias del Nordeste Argentino (NEA) con el fin de analizar el fuerte impacto que significa los aumentos de energía eléctrica resueltos por el Gobierno nacional.
Junto a sus pares de Corrientes, Formosa y Misiones, los directivos chaqueños también abordaron otras cuestiones ligadas al sector energético y coordinaron la realización de acciones y trabajos en forma conjunta.
Los representantes de las empresas de energía del Nordeste Argentino desmenuzaron puntos de la política energética del Gobierno nacional, “las cuáles impactan con fuerza en la gestión y en la toma de decisiones de las distribuidoras de cada provincia”, señaló el director Aquino.
La reunión se efectuó en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), y además de los directivos de SECHEEP, estuvieron: el subinterventor de la Dpec, Alfredo Aún, y otras autoridades de la empresa anfitriona; el presidente de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), Sergio Ferreyra, quien asistió acompañado de Daniel Robin (gerente Comercial), Orlando Aquino (Tarifas) y Juan Carlos Amarilla (Tarifas); y representantes de Recursos y Energías de Formosa Sociedad Anónima (REFSA).
El aumento anunciado por Aranguren y otras subas.
El tema central de la reunión fue el impacto económico y financiero que significa el aumento del valor de los precios establecidos por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece subas para febrero y marzo.
Pero además, se hizo un fuerte hincapié en el aumento del costo del transporte de la energía que sería de hasta 1.000 por ciento y que fue establecido por resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En Chaco, la suba será de 11 millones a unos 88 millones de pesos.
“Tras un fuerte análisis, se llegó a la conclusión de que el traslado de costos provenientes del Gobierno nacional – que implica una quita de subsidios -, significará un considerable esfuerzo para los usuarios de cada provincia, y repercutirá con un retraso en el pago de las facturaciones. Esto, en lo que sería una especie de efecto dominó, ya que las distribuidoras tendrían dificultades para cumplir con sus obligaciones con la Nación”, agregó Aquino.
Ante la situación, cada Provincia acordó remitir nota a la Nación, manifestando su preocupación por el impacto que causa a cada jurisdicción la quita de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional, y al mismo tiempo, la inestabilidad que implica el poder cumplir con las obligaciones.
Tarifa social y el esfuerzo del Gobierno provincial.
De procederse de acuerdo a lo que el Gobierno nacional lo viene haciendo, cada distribuidora eliminará de su respectivo esquema tarifario la denominada ‘tarifa social’ y el llamado ‘Plan de Ahorro’, contraviniendo por exclusiva culpa de la Nación.
En el Chaco, la “Tarifa Social” implica unos 17 millones de pesos por mes. “En este caso, se destaca que por iniciativa del gobernador Oscar Domingo Peppo, en un esfuerzo económico y financiero notable, a pesar de la quita, el Gobierno provincial mantiene la tarifa social”, destacó el licenciado Aquino.
El retraso de la reglamentación de la Ley de Presupuesto.
Otro tema analizado en la reunión, fue la consideración de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto. Dicha normativa establecía que el Estado nacional se haría cargo de las obligaciones de las jurisdicciones en el Mercado Eléctrico, aunque nada de eso se concretó.
Es por ello que durante la reunión, se concluyó en requerir al Gobierno nacional la urgente reglamentación del Artículo 15 de la Ley de Presupuestos, por las implicancias y la naturaleza de las cuestiones allí consideradas.
Trabajo mancomunado.
Por último, el presidente de Secheep, José Tayara, informó que las cuatro empresas distribuidoras acordaron seguir trabajando en forma conjunta en diferentes cuestiones, entre ellas la coordinación para tratar de equilibrar el costo del servicio energético en la región.
“Además de los temas inherentes a la cuestión de la suba tarifaria, analizamos algunas prestaciones e iniciativas que cada una de las distribuidoras hemos implementado, y la idea es resaltar y potenciar lo que se hace bien elevando la calidad de atención al cliente, una mejor calidad en el servicio prestado, y diferentes cuestiones ligados al mercado energético”, señaló Tayara.
En ese contexto, se adelantó que se realizarán nuevas reuniones, con las diferentes provincias como sede de las mismas.
