Sáenz Peña. La denuncia contra la fiscal Lupi, donde piden un Jury que la destituya de sus funciones, tendría entretelones que van más allá de su supuesto mal desempeño en una investigación. La familia que impulsa la medida buscaría la tutela de la menor en cuestión, y fundamentalmente es promovida por la abuela materna, esposa de un reconocido empresario metalúrgico.
La denuncia es promovida por Luisa Teresa Pérez, y su hijo Andrés Hipólito Araujo (padre de la menor). Y según el escrito presentado por un abogado saenzpeñense, que desde hace años vive en Corrientes, se funda en actos presumiblemente delictivos que ha generado zozobra en los demandantes, incumplimiento de los deberes funcionales, actos insanablemente nulos, arrogándose funciones y competencias, y perdida de objetividad.
La trama de trasfondo sería una disputa familiar por la tutela de la pequeña que data del año 2018 cuando su madre Silvana Noelia Osukak se separó de Andrés Hipólito Araujo. Tras idas y venidas por cuestiones relacionadas a la tenencia de la niña, la familia Araujo había decidido denunciar un supuesto abuso sexual sostenido en supuestos dichos de la niña, para lo que buscaron patrocinio de un abogado de apellido Verbeek que tendría relación de amistad con el abuelo, relación que los habría llevado a concretar negocios cuando el primero fue parte del gobierno provincial y el segundo un proveedor.
Esa denuncia, que involucró al docente Lucio Germán Medina, fue sostenida por un informe médico de un perito de parte, el retirado médico forense Jorge Villarde que habría firmado documentos sosteniendo que constató el abuso en la menor, aunque ese informe fue contradicho por el profesional médico presentado por parte de la Justicia.
Los informes médicos del médico forense y de los médicos de parte concluyen de idéntica manera y terminan siendo diametralmente opuesto el del médico de parte de la querella (Villaverde): «no se detectaron lesiones traumáticas genitales o anales, o en otra área de la superficie corporal». Esto derivó en que el Juez de Garantías, al igual que la Fiscal de Investigaciones, concluyan dictando el sobreseimiento para ambos imputados.
El abuelo de la menor, el metalúrgico Araujo, insistió varias veces ante la fiscal Lupi para la realización de una Cámara Gesell, incluso habría llegado a decirle que si no se avanzaba con la investigación expondría el caso ante los medios de comunicación y la acusaría.
El sobreseimiento de los imputados, así como el cese de prisión para uno de ellos, no fue la noticia que habría estado esperando la familia del metalúrgico, y habría motivado esta avanzada contra la fiscal Lupi.
Caber mencionar que en caso de separación de los padres, el ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia. Pero la la tutela se ejerce bajo la inspección y vigilancia del ministerio de menores, y se da, o por los padres, o por la ley, o por el juez.
Al parecer éste es un caso que va más allá de una investigación que pudo tener vicios para establecer responsabilidades en un supuesto abuso. Incluso quienes conocen a la familia denunciante aseguran que habría leyendas urbanas respecto del origen del nombre de la menor.
