Buenos Aires. Mientras un legislador radical presentó un proyecto de ley para impedir el cambio societario de la entidad financiera, el gremio comenzó con las protestas de los trabajadores dentro de las sucursales.
A juzgar por su historia personal, el dirigente sindical y diputado nacional, Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, es mendocino, hincha de Independiente, y radical. Es parte de los dirigentes del centenario partido que prefirió enrolarse en las filas del kirchnerismo.
Junto al senador nacional por Tierra del Fuego, el septuagenario, Pablo Daniel Blanco, lo une la afinidad por el radicalismo pero, también, la ocupación. El senador Blanco es legislador nacional, contador y banquero y, es el autor de un proyecto de ley que busca impedir la privatización del Banco Nación.
La realidad, ya advertida por la Bancaria, es que el presidente Javier Milei intentará que los legisladores aprueben el cambio societario de la banca pública que incluye, no sólo al Banco Nación, sino también al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Casa de la Moneda.
Ese aspecto de la denominada “ley ómnibus” remitida por el Poder Ejecutivo al Legislativo para su pronta sanción es uno de los puntos, junto al capítulo de los cambios en la fórmula jubilatoria, y de las retenciones agropecuarias, que difícilmente obtenga consenso para su aprobación.
En un comunicado, la Asociación Bancaria se opuso a la intención del Gobierno, asegurando que se usan unos argumentos que están cargados de datos erróneos, con una clara intención de desvirtuar la información y confundir a la opinión pública para legitimar una idea que de otro modo no podrían materializar.
Datos erróneos señalados en un documento hecho público por el ex presidente del Banco Provincia y analista del sector bancario, Gustavo Marangoni, al señalar que, “…un repaso a los indicadores de desempeño arroja una posición de solvencia, rentabilidad, eficiencia y liquidez (…) en las entidades públicas. Estos resultados se explican por la sucesión de mejoras acumulativas en diversas gestiones de la banca estatal donde se puso el foco en el negocio, en el cliente, la tecnología y en la profesionalización de los recursos humanos, tanto a nivel del top and middle management como de otros niveles de jerarquía funcional de las instituciones”.
En ese contexto, el senador radical Pablo Daniel Blanco, decidió presentar su propio proyecto de ley anti privatizador de la banca pública donde propone incorporar un artículo a la Ley 21.799 por el cual “…el Banco de la Nación Argentina no podrá ser sujeto a privatización y su actividad no podrá ser modificada bajo ningún concepto, forma o ley que en el futuro se dicte, permaneciendo siempre como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional”.
Además, ofreció un antecedente para justificar su proyecto, “…hubo varias privatizaciones en las últimas décadas y para evitar su consumación el Congreso votó la ley 25.108 que agregaba al artículo 9, de la ley de reforma del Estado Nª 23.696, la cuestión puntual de que el Banco Nación quedaba excluido de las empresas susceptibles de ser privatizadas. Esta es la norma, que hoy deroga el DNU 70/23, debe ser neutralizada y revertida por Ley de manera urgente”.
Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nª 70, que desregula la economía según los planes de Javier Milei, está inmerso para su consideración en la “ley ómnibus” enviada al Congreso Nacional y cuyo título formal es, Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
Mientras se producen ruidos y voces altisonantes en el Parlamento, en la casa matriz del Banco Nación ya comenzaron protestas más audibles de sus trabajadores contra la intención privatizadora.
Desde el 21 de diciembre pasado se suceden asambleas en el hall principal del edificio central que suelen terminar con caminatas por la “city” financiera para informar de la situación a los habituales usuarios de entidades bancarias.
Por otra parte, el titular del Banco nombrado por Javier Milei tras el acuerdo político con Juan Schiaretti y el peronismo cordobés es Daniel Tillard, presidente durante ocho años del Banco de Córdoba (Bancor), cuyo propietario es el estado cordobés, pero, señalado por algunos dirigentes massistas como uno de los financistas, allegado a sociedades de bolsa, que habría tenido información privilegiada, anticipatoria, de la devaluación del la moneda nacional realizada durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía que generó grandes ganancias a algunas casas bursátiles.
Sea como fuere, Tillard es un cruzado por la privatización del Banco Nación y ya avisó que se “trata de una cuestión central para crecer en la Argentina”. Para el senador Blanco este punto es inadmisible y coincide con Marangoni al señalar que “se trata de una institución superavitaria, que es nuestra, que es de todos”.
