Resistencia. Pasaron 8 años de la maniobra por la que la sindicalista Graciela Aranda fue denunciada por «estafa» en la venta de terrenos. En esa acción la acompañaron dos saenzpeñenses, el judicial Miguel Ramos y el integrante de La Bancaria Luis Vargas. La Comisión Investigadora del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco reclama avances a la Justicia.
La Comisión Investigadora del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco volvió a acusar a la Comisión Directiva, presidida por Graciela Aranda, de «maniobras» para deslindar responsabilidades en los hechos que fueron denunciados ante la Justicia provincial. Sin embargo, en las últimas horas advirtieron que los $15.000.000 que recibió el sindicato por la polémica y denunciada venta de terrenos nunca ingresó a las cuentas de la entidad, ni fue devuelto a las familias que denunciaron haber sido estafadas.
En el año 2017 iniciaron las primeras actuaciones judiciales tras las denuncias de unas 20 familias que acusaron a Aranda por supuesta estafa y también a Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y a Eduardo Vargas, empleado bancario. Según consta en el expediente, en el año 2014 unas 100 familias compraron terrenos en un predio con la promesa de que allí se iban a construir viviendas, algo que nunca ocurrió.
DiarioChaco recordó que al ver que no iniciaban las obras, en el 2017 un grupo de unas 20 personas denunciaron que los tres nombrados «engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras. Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal».
Una de las últimas novedades del caso ocurrió cuando el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Mariana Benítez, se opuso a al pedido de sobreseimiento de Aranda, Ramos y Vargas.
En ese marco, a 8 años de la supuesta estafa y 5 de la denuncia que actualmente sigue su curso en la Justicia, la Comisión Investigadora del SEJCH, liderada por Alberto Martín Núñez, le pidió al Poder Judicial las «diligencias necesarias» para determinar responsabilidades en lo que definieron «maniobras económicas fraudulentas».
Citando los expedientes 24075/21, 17018/19, 4197/19 y 16455/19, la Comisión Investigadora planteó que las 100 familias «pagaron como adquirentes al Sindicato de Empleados Judiciales por terrenos por un valor de $15 millones, valor que corresponde a ese período, no actualizado».
En ese sentido, sobre ese monto millonario advirtieron que «nunca fue ingresado a las cuentas del SECHH, tampoco los damnificados han podido tomar posesión del terreno, ni recuperar lo abonado».
