Buenos Aires. Lo discutirán hoy en el marco del Consejo Federal de la Energía; el costo para el fisco llegaría a $800 millones en total, a distribuirse entre Nación y los distritos.
Firme en su postura casi quimérica de responder a los reclamos de sus socios políticos y de una parte de la población sin afectar el sendero de reducción del déficit fiscal, el Gobierno intentará mañana que las provincias se hagan cargo de una porción de los costos adicionales derivados de la demora en la implementación de la quita de subsidios.
La cifra en juego, que aún se está calculando, es moderada en términos económicos -fuentes que participan de las negociaciones estimaban ayer que se trataría de unos $800 millones en total, a distribuirse entre Nación y provincias-, pero de un alto contenido simbólico y político. Tanto la Casa Rosada como los radicales, principales promotores de la atenuación en las facturas que llegarán a los hogares en el invierno, buscan mostrar que esa decisión implica que otra parte se haga cargo del costo de la energía.
La primera plana del radicalismo, con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , y el diputado Mario Negri , acordaron el jueves pasado con los colaboradores de Mauricio Macri que los representantes de las provincias y funcionarios del Gobierno se reunirán en la tarde de este lunes en el marco del Consejo Federal de la Energía, un organismo que funciona en el Palacio de Hacienda y está conducido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren . El funcionario participaría del encuentro.
Allí se discutirá cómo se reparten los mayores costos para el fisco derivados de la postergación en la reducción de los beneficios de la tarifa social para el gas. Ese subsidio asiste a los hogares de menores recursos, que pueden consumir una parte del insumo sin pagar el costo de producción. Según los números del Ministerio de Desarrollo Social, hasta diciembre había en el país 1.581.134 de usuarios bajo esa modalidad, que representan a unas seis millones de personas.
Desde el primer día de abril, Energía puso en marcha un recorte de esos beneficios. La intención era que los usuarios beneficiados con la tarifa social recibieran una primera porción de gas gratis (el volumen varía según las regiones) y un subsidio del 75% sobre un segundo bloque. El resto se pagaría al mismo precio que los demás hogares.
La negociación en la que participaron Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , Aranguren y el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui relajó los criterios anteriores. Ahora, los primeros cambios recién llegarían a partir del cuarto bimestre (julio-agosto).
En todos los casos, el consumo que tiene algún grado de subsidio implica aportes del Estado. Eso explica que la postergación de los cambios obligue a la Casa Rosada a gastar más recursos de lo que tenía previsto. La intención oficial es que al menos el 50% de esa porción la cubran los gobernadores.
Allegados a Cornejo afinaban el lápiz el fin de semana para estimar cuánto dinero deberían aportar las provincias. En Mendoza, por ejemplo, esa decisión implicaría desembolsar unos $4 millones en mayo, $25 millones en junio, $17 millones en julio y $20,7 millones en agosto. Son unos $66 millones, que se repartirían mitad y mitad.
El monto que debería financiar cada provincia no es homogéneo (varía en función del número de los alcanzados por la tarifa social) como tampoco lo es la posibilidad que tienen de hacerlo. Al ser sólo dos meses «tampoco es mucho dinero», estimó un legislador que participó de la reunión en la Rosada.
Por la ley de Responsabilidad Fiscal las provincias tienen poco margen para aumentar el gasto. «Sacarles un mango es difícil; si son dos pesos que lo ponga la Nación y se lleven los aplausos», ironizó un ministro norteño.
Aranguren presentará mañana el costo fiscal de la decisión en el encuentro. «Las que enfrentan más problemas fiscales son las provincias patagónicas -dice el economista Marcelo Capello-, Santa Cruz Chubut y Río Negro, pero son también las que por su sistema particular tienen menos habitantes con tarifa social; otra con un frente complicado es Jujuy».
La Pampa y San Luis, con alrededor del 30% de los usuarios con tarifa social, son las que encabezan el ranking. Ninguna de las dos firmó el acuerdo federal energético hace un año en cuyo marco se creó el Consejo Federal de Energía con el objetivo de «armonizar las tarifas» en todo el país. Tampoco Santiago del Estero, que tiene el 26% de consumidores bajo ese paraguas, suscribió el convenio. Buenos Aires y Salta son otras.
Diferentes fuentes provinciales consultadas entienden que están presionadas por el pacto fiscal para reducir gastos y temen que la discusión termine extendiéndose a las tarifas eléctricas. Mario Negri , jefe del Interbloque de Cambiemos en Diputados, ratificó a LA NACION que ese punto no está incluido.
Las dudas respecto de que el esquema se extienda a la luz es que las cuotas derivadas del aplanamiento de las facturas de gas los dos bimestres de mayor consumo (mayo-junio y julio-agosto) terminarán pagándose cuando llegan las boletas más altas de electricidad, que también registrarán alzas.
Los referentes provinciales entienden que en la mesa del lunes podría surgir el debate sobre las posibilidades de bajar la presión impositiva en las facturas. «Si la Nación tiene que bajar dos puntos de IVA hay que compensar por otro lado», graficó el diputado Nicolás Massot. La misma lógica aplican los gobernadores cuando les reclaman por Ingresos Brutos.
«Todos fueron a la farmacia y salieron con una aspirina -apunta el ex secretario de Energía Raúl Olocco-. No hay ninguna duda de que hay que poner en órbita los precios relativos; las distribuidoras ya habían solicitado aplanar las subas. Lo más preocupante, a mi entender, es la judicialización de los aumentos».
Para Capello, los tres niveles de gobierno «deben contribuir». Admite que la Nación es la principal responsable de las políticas redistributivas y, en ese contexto, debe hacerse cargo de los subsidios remanentes en las tarifas sociales. Pero señala que subsiste el problema de los usuarios fuera de ese esquema que, en el interior, todavía tienen tarifas altas.
«Los municipios deberían aportar eliminando tasas sobre las tarifas y las provincias revisando sus costos en las empresas distribuidoras, sino los usuarios estarán subsidiando ineficiencias y sobrecostos».
