Resistencia. La Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de frenar la restricción del uso de celulares e internet en centros de detención de la provincia.
Según los organismos, la medida impuesta por el gobierno provincial agrava las condiciones de encierro y atenta contra derechos fundamentales de los internos.
Además, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4033-J, que regula esta limitación, y una medida cautelar que suspenda su aplicación.
«(Esta decisión) podrá ser útil para el gobierno de turno, que intenta calmar las múltiples demandas de la sociedad a través de una política meramente punitivista, pero es una falsa solución», alertan desde el Comité y la Defensoría.
Argumentan que la restricción es desproporcionada y vulnera derechos esenciales como la comunicación con familiares, el acceso a la educación y la posibilidad de resocialización.
«La utilización de celulares por parte de los reclusos se vincula con estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la comunicación, la dignidad de las personas privadas de libertad y la reinserción social», indican.
Ambos organismos enfatizan, además, la importancia de garantizar el acceso a la comunicación, como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia por Covid-19.
«El uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a fortalecer los vínculos familiares, prevenir casos de torturas y malos tratos, y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo», destaca la presentación firmada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, y la presidenta del Comité, Bashé Charole.
También advierten sobre el impacto negativo de la restricción, que podría revivir el uso clandestino de celulares dentro de los penales, sin control estatal.
«La falta de un sistema acorde hace que los propios funcionarios penitenciarios se conviertan en gestores del acceso clandestino a celulares, lo que agrava la corrupción institucional», enfatizan.
