Resistencia. Prescribió una de las causas más emblemáticas de corrupción de la era Rozista. Se trata de la causa Profe que involucra al exministro de Salud, Jorge Humberto Romero.
Durante la semana que pasó, se iniciaron en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia las audiencias del juicio oral y público contra el exministro de Salud del Chaco, Jorge Humberto Romero, por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su paso como funcionario del exgobernador Angel Rozas, más precisamente entre los años 2000 y 2002, durante el gobierno de la Alianza Frente de Todos. Ante la casi absoluta indiferencia por parte de los medios y de la ciudadanía, en la primera jornada de audiencias el tribunal resolvió aceptar el planteo de la defensa del exfuncionario provincial, a la que también adhirió la fiscal de Cámara, Dolly Fernández, de declarar prescripta la causa conocida como “Profe”, a causa del paso del tiempo. No obstante, existe otra causa acumulada por la que ya declararon alrededor de siete testigos y que continuará el próximo jueves 16 de agosto y refiere al desvío de fondos que debían destinarse a la compra de medicamentos e insumos para hospitales del interior del Chaco que nunca los recibieron.
Prescribió una de las causas más emblemáticas de corrupción
En la causa “Profe” se había constatado que, entre 2000 y 2002, a través de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) creada por el entonces gobernador Angel Rozas, el exministro Jorge Romero había desviado a cuentas bancarias a su nombre fondos nacionales provenientes del Programa Federal de Salud (ProFe). Esos recursos eran girados desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debían destinarse específicamente para la cobertura sanitaria integral de más de 18 mil pacientes de los sectores más vulnerables, aquellos que percibían pensiones no contributivas: madres con más de siete hijos, personas con discapacidad e invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza y excombatientes de Malvinas, entre otros.
La causa se inició 2004 y recién en febrero de 2012 quedó en condiciones de celebrarse el juicio oral y público por el delito de fraude en perjuicio de la administración reiterada (diez hechos) en concurso real, que prevé penas entre 2 y 6 años de prisión. Para eso, el por entonces presidente de la Cámara Segunda en lo Criminal, Raúl Yurkevich, convocó a las partes para que aporten pruebas y testigos y efectúen las recusaciones pertinentes.
Pasaron más de seis años para que Jorge Humberto Romero, al fin, sea sentado en el banquillo de los acusados. Durante todo ese tiempo, la defensa del exministro de Salud de Angel Rozas utilizó todo tipo de artilugios y maniobras legales para dilatar la presentación del exfuncionario quién, durante años, estuvo radicado en Angola. A ello, se sumó la pasividad del tribunal ahora presidido por la jueza Gloria Zalazar. En ese lapso también fallecieron dos de los implicados: Carlos Delgado y Rolando Romero.
Así, a 16 años de los hechos que se le endilgan al exministro Romero, ese tramo de la causa, la denominada “Profe”, fue declarada prescripta en la primera jornada del juicio oral y público. La decisión, correcta en lo formal, deja abiertos innumerables interrogantes y suspicacias sobre los “tiempos” que se tomó la justicia chaqueña para enjuiciar a un exfuncionario provincial que, finalmente, ya no responderá por esa causa, profundizando así el fuerte descrédito que existe en la sociedad chaqueña con respecto a su Poder Judicial. Sin entrar en especulaciones, vale tener en cuenta otro dato objetivo: el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco es Rolando Toledo, quién fuera ministro Coordinador de Gabinete del gobierno de Angel Rozas cuando Jorge Romero se desempeñaba como ministro de Salud. Toledo fue nombrado en el Superior Tribunal de Justicia durante la gestión de Roy Nikisch, sucesor de Rozas, y fue fuertemente cuestionado por no haberse sometido a concurso abierto de antecedentes y oposición como prescribe la Constitución Provincial.
La causa que sigue en pie
La causa que sigue en pie y por la que ya desfilaron más de seis testigos ante los jueces Zalazar, Víctor Del Río y Ernesto Azcona, fue iniciada en 2014, y es en la que se imputa al exfuncionario rozista por irregularidades en la supuesta compra de medicamentos e insumos que nunca llegaron a los hospitales de Sáenz Peña, Juan José Castelli, Villa Angela y General San Martín. Se realizó en base a informes del Tribunal de Cuentas que detectaron las maniobras y realizaron la denuncia penal. Las audiencias continuarán a partir del próximo jueves 16 de agosto.
Es la última oportunidad para que el exfuncionario provincial rinda cuentas de su accionar y no se consagre la impunidad por el mero transcurso del tiempo sin llegar siquiera a que el imputado pueda demostrar si es culpable o inocente de los hechos por los que fue llevado a juicio.
