Resistencia. La investigación de la escandalosa desaparición de más de 100 toneladas de leche en polvo de un depósito de Salud Pública de la provincia a principios de septiembre arrojó ayer su primera novedad de relevancia.
En el marco de un operativo llevado a cabo por la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chaco junto al ayudante fiscal, a las 13:15 se allanó un domicilio ubicado en calle Las Margaritas al 1346 aproximadamente en Villa Río Negro. En el lugar se secuestraron varios teléfonos celulares pero además se arrestó a un hombre de 41 años por su presunta vinculación con el hecho, quedando a disposición de la justicia.
Poco después, a las 15:05, otra comisión policial allanó el local Autoservicio Norita, ubicado en avenida Sabín al 781 aproximadamente, a pocas cuadras del domicilio anterior, en la misma barriada. Fuentes policiales indicaron que en este procedimiento se secuestraron elementos de interés en la causa.
Pocos detalles pudieron conocerse ayer sobre el detenido y como se llegó a él. Según pudo saberse el hombre, identificado por sus siglas A.E., no tiene vínculo formal laboral ni con Salud Pública ni con la logística del Correo Argentino. Sin embargo las pericias ordenadas por la fiscal Rosana Soto, que encabeza la investigación, habrían determinado que esta persona realizaba eventualmente trabajos de transporte de mercadería para la cartera sanitaria. Hasta ayer sin embargo se desconocía aún la imputación que la fiscal impondría sobre el mismo.
Días atrás el procurador Jorge Canteros destacaba la importancia de las pericias contables encaradas por la fiscal de la investigación, y adelantaba que se estaban analizando quienes tenían las llaves del galpón ubicado en la Ruta 11 sobre el kilómetro 1008. “Hay cuatro personas que dependen de Salud Pública que tenían llaves, quienes estaban con distintas modalidades de contratación, algunos becados, otros contratados. Y hasta tenía la llave un empleado del correo argentino que manejaba el camión que estaba autorizado a retirarlo”, había indicado el jefe de fiscales en aquella oportunidad.
Cabe destacar que los operativos de ayer coinciden también con la puesta en vigencia de una recompensa de 300.000 pesos ofrecida por el gobierno de la provincia a fin de obtener datos que permitieran esclarecer el resonante suceso.