Sáenz Peña. Tras declaraciones publicas del fiscal, donde adelantaba criterio, y luego de que la Procuración le pusiera un fiscal adjunto, Verónica Bastos (fiscal de Cámara), Marcelo Soto se apartó de la causa “Bolsa de Comercio” y el expediente pasa a la Fiscalía N° 4.
Soto tomó la determinación formal de inhibirse y apartarse de la sensible causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Bolsa de Comercio del Chaco luego de que se le objetara su criterio el que quedó expuesto en declaraciones públicas donde hablaba de imputar a otras personas pero aclaraba que no tenía pruebas contundentes.
Con esta decisión, la causa de mayor impacto institucional del año cambia de manos y será remitida de forma inmediata a la Fiscalía de Investigación N° 4, conducida por el fiscal Gustavo Valero.
La resolución de Soto se conoció apenas 24 horas después de un movimiento estratégico de la cúpula judicial provincial: la Procuración General de la Provincia del Chaco había dispuesto —mediante la Resolución N° 45 del procurador adjunto Miguel Fonteina— la intervención conjunta y supervisión de la fiscal de Cámara Segunda en lo Criminal, Andrea Verónica Bastos, para actuar a la par de Soto en el expediente.
Lejos de estar vinculada directamente a la co-conducción dictada por Procuración, la inhibición firmada por el fiscal Marcelo Soto este 20 de mayo se fundamentó en una causal técnica contemplada en el artículo 67 inciso 7 del Código Procesal Penal del Chaco.
El funcionario judicial argumentó que correspondía su apartamiento debido a una denuncia previa formulada en su contra ante el Consejo de la Magistratura por parte del abogado Juan Antonio Arregin, quien ejerce la representación legal del intendente de la ciudad, Bruno Cipolini, uno de los actores institucionales vinculados al devenir del expediente.
Soto había adelantado criterio, de manera pública, pero dejó en claro que no tenía pruebas, y eso llevó al escrito de inhibición donde remarcó que este paso busca de manera taxativa garantizar el debido proceso y blindar la objetividad que requiere la actuación del Ministerio Público Fiscal, así como evitar eventuales planteos de nulidad por parte de las defensas que pudieran dilatar o entorpecer el avance de la investigación.
La medida adoptada no solo alcanza al magistrado, sino a la totalidad del Equipo Fiscal N° 3, obligando al traspaso completo de las actas y cuerpos del expediente a la oficina del fiscal Valero.
