Taco Pozo. El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, explicó los alances de la investigación que se lleva adelante respecto de posibles irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en la localidad. Hubo allanamientos.
El fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, brindó precisiones sobre la investigación judicial abierta por el posible otorgamiento de pensiones por discapacidad “truchas” en la localidad chaqueña de Taco Pozo. En el marco de la misma, ayer se realizaron dos allanamientos en esa ciudad y en Resistencia donde se secuestró documentación y equipos informáticos que podrían ser de utilidad para la causa, que aún se encuentra en una etapa preliminar.
“Tratamos de reunir la mayor cantidad de prueba posible; pruebas de informes, sobre todo, en donde obviamente colaboró Anses, colaboró Andis, que es la Agencia Nacional de la Discapacidad, y empezamos a hacer cruces de información con los padrones que había y los datos que nosotros podíamos tener hasta ese momento y pedí los allanamientos al señor juez para asegurar prueba”, explicó Amad, sobre los operativos realizados ayer por efectivos de la Policía Federal Argentina en Taco Pozo y en Resistencia.
“Hemos podido encontrar documentales, computadoras y ahora lo único que queda es analizar esa prueba que tenemos cuando el juez nos autorice a desintervenirla y a empezar a confirmar la información que ya tenemos”, reveló. En ese contexto, estimó que durante el transcurso de la próxima semana ya se podría comenzar a contrastar la información obtenida.
“Ahora, con la documentación en la mano, con lo que tenemos, vamos a ir analizando y descubriendo, porque hicimos un primer corte de 500 carpetas, son casi 500 tarjetas donde hemos podido observar en principio irregularidades, ahora vamos a tratar de constatarlas”, aseguró.
Para graficar las sospechas que hay sobre el otorgamiento irregular de pensiones, Amad señaló que la localidad de Taco Pozo cuenta con alrededor de 9 mil o 10 mil habitantes y que en el año 2021 se otorgaron 208 pensiones por discapacidad mientras que en el año 2022 se entregaron 288 con las mismas características.
Amad reconoció que “tenemos gente que tiene pensión por discapacidad y nos damos cuenta que la discapacidad no es tal porque son enfermedades que claramente no incapacitan a nadie en el porcentaje en el cual están mencionadas”.
“Estamos recién en los albores de la investigación, vamos a ir sumando elementos de prueba y en el momento que corresponda se tratará, se indagará e intimará penalmente a los que nosotros consideramos responsables”, aseguró.
Nuevamente Amad pone la mira de la Justicia federal en tierras del ya investigado y procesado Carlos «Chivo» Ibáñez, el intendente que junto a su hijo, y otras personas, está involucrado en otras causas federales como las que investiga la corrupción Judis en Uncaus.
