Resistencia. El Gobierno se mostró molesto por el beneficio otorgado por la jueza Mercedes Pereyra al piquetero Carlos Barraza. Varios sectores recordaron que la jueza que le otorgó domiciliaria esquivó dos intentos de jury en el pasado. Siempre fue «salvada por políticos».
Hoy el Gobierno se enoja por la decisión de la titular del Juzgado de Garantías N°1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra. En la decisión benefició con prisión domiciliaria a quien está acusado por delito de fraude en perjuicio de administración publica en concurso real con peculado de bienes y servicios por cuatro hechos, incluso en 10 allanamientos realizados se encontraron numerosos bienes propiedad del Estado.
Barraza, que ejercía su trabajo como piquetero y dirigente social, tenía en su poder factureros emitidos en representación del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), y otras entidades pertenecientes al Gobierno provincial; documentos pertenecientes al movimiento MTH; y materiales de construcción (ladrillos, bolsas de cal, cemento, vigas, martillos, entre otras), varios vehículos y una lancha.
Entre los vehículos secuestrados se contabilizaron una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok de color blanca; una camioneta Ford Ranger modelo Fiesta Titanio de color azul; dos camionetas marca Toyota modelo Hilux de color blanca; una camioneta Toyota modelo Hilux de color negra; un tractor marca Massey Ferguson de color rojo con equipo de arado y rastra, un carro de color rojo material de metal para transporte; una lancha marca Pacú con plóter color azul oscuro y detalles color amarillo y motor marca Yamaha cuatro tiempos; y seis canoas de color celeste con detalles azul fuerte.
Ahora con la decisión varios funcionarios dejaron el claro el enojo y malestar del Gobierno con Pereyra, e incluso hasta algunos sectores recuerdan que la magistrada ya había sido cuestionada meses atrás cuando les otorgó a la familia Sena, imputados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la posibilidad de que se revinculen.
En 2015 y 2019 Mercedes Pereyra, titular del Juzgado de Garantías N°1, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura pero en ambas oportunidades consejeros proveniente del ámbito del derecho y la política la salvaron.
La denuncia de mayor magnitud, ocurrida en 2019, contempló un sumario inicial con informes y críticas contra la jueza expresadas por 10 fiscales de investigación. Quienes votaron para desestimar esta denuncia fueron: Miguel Angel Feldman, Bistoletti –ambos por el Consejo de Abogados-, Ricardo Sánchez –diputado- y José María Quirós –representante del Ejecutivo, como ministro de Gobierno-.
En la acusación contra Pereyra que tuvo lugar en 2015 la desestimación fue votada por los consejeros Ricardo Sánchez –diputado-, Héctor Oscar Bicain –Consejo de Abogados, Juan José Bergia –Poder Ejecutivo-, Carim Peche –diputado- y Diego Alberto Caballero –Poder Judicial-.
