Resistencia. Desde el sector apuntaron contra el decreto del Presidente de la Nación, aseverando que «cercena derechos constitucionales».
Asimismo, establecieron los otros puntos de conflicto en la provincia:
Repudio al decreto de Javier Milei y exigir al gobernador del Chaco no promover la adhesión, así como a los diputados abstenerse de sancionar leyes que violen la Constitución Nacional y Provincial, los principios republicanos de gobierno, del federalismo y de la división de poderes.
Rechazo al protocolo antipiquetes, por transgredir de modo flagrante el estado de derecho y criminalizar la protesta social.
Exigir que se deje sin efecto el Decreto N° 13/23 por violar la Ley N° 1767 L y su decreto reglamentario 483/2010, Convenio Colectivo de Trabajo y los derechos adquiridos por los trabajadores de la administración pública provincial.
Designación de los representantes del Poder Ejecutivo provincial en la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria, para dar continuidad al proceso de negociación colectiva vigente en el Chaco.
Cumplimiento de cada uno de los puntos pendientes, específicamente individualizados en nota formal, dirigida a la máxima autoridad provincial.
Urgente dictado del decreto por el cual se establezca la continuidad de las vinculaciones, encuadradas en las Leyes 3946 A y 3947 A, a fin de no afectar los derechos del personal contratado, jornalizados, convenios, programas y cualquier otra modalidad de vinculación con el Estado provincial.
Cumplimiento efectivo del Decreto N° 3639/23.
Ejecución de los decretos dictados que promueven de modo automático a los directores y jefes de departamentos subrogantes.
Exigir el pago de la cuota sindical, en tiempo y forma, debido al descuento que mensualmente se realiza en tal concepto a los trabajdores. El no pago a la entidad sindical constituye una retención indebida, habilitando a esta parte a realizar las denuncias correspondientes.
