Por: Jorge Capitanich (*)
Indudablemente una catástrofe climática pone en evidencia falencias, limitaciones, errores en los sistemas de emergencia y prevención y también en las intervenciones ulteriores, pero tampoco puede ocultar las restricciones respecto a las inversiones necesarias y las previsiones adoptadas por quienes ejercemos responsabilidad de gobierno.
El Municipio de Resistencia, al inicio de nuestra gestión el 10/12/2015, poseía una cartera de proyectos ejecutivos con financiamiento asegurado por organismos multilaterales de crédito y por organismos nacionales, gestionados en el último año de mi gestión como Gobernador de la provincia.
El costo total de los proyectos suspendidos al Municipio a partir del inicio de la gestión de Mauricio Macri como presidente fue, a valores actualizados, equivalente a 84 millones de dólares, de los cuales 30 millones de dólares eran aportados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el resto por el Ministerio de Planificación Federal.
En la zona sur se estaba iniciando la ejecución de la Avenida San Martín, desde Soberanía Nacional hasta Canal Quijano, proyecto que incluía obras hídricas estructurales e iluminación y estaba programado el inicio de la ejecución del proyecto de la Avenida Alberdi.
En la zona norte estaba en ejecución la obra integral de las avenidas Juan Manuel de Rozas y Juana Azurduy, conjuntamente con obras hídricas estructurales que involucraban a la Laguna Mapic. Del mismo modo, la ejecución de la obra de calle Falcón y Laguna Falcón estaba programada con financiamiento nacional mediante convenio específico. Estas tres obras son trascendentales respecto a infraestructura hídrica.
El proyecto ejecutivo del Canal 16 se formuló en el año 2014 y recién se licitó en el año 2018, registrando actualmente un avance del 8%, y un ritmo de ejecución inferior a lo presupuestado.
La construcción de la autovía de la ruta 11 se inició en el año 2013 y al cabo de 5 años (tres durante el gobierno de Macri) se ha ejecutado el 30% de la obra, siendo que constituye una infraestructura hídrica y vial significativa para la zona oeste y sur de la ciudad.
Las obras del centro de la ciudad están planificadas con proyecto ejecutivo, y fueron expuestas a la ciudadanía en el año 2016, solicitándose financiamiento internacional con contraparte municipal.
El Municipio de Resistencia bajo mi administración tiene superávit fiscal primario y financiero y una proyección de deuda neta al final del ejercicio 2019 de 70 millones de pesos respecto al stock heredado de 693 millones de pesos, registrando el endeudamiento absurdo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dado que tenemos que pagar intereses y amortizar deuda de fondos que nos pertenecen y que estaban resueltos por decreto 2635/2015 y que la administración de Macri se encargó de extirparlos de un plumazo por decreto 73/2016. Tendremos obligaciones financieras que se cancelan en virtud del incremento del flujo de recursos coparticipables, por lo tanto, no afectan la dinámica de la sostenibilidad fiscal.
Esto significa que tenemos capacidad de endeudamiento para afrontar obligaciones financieras de largo plazo pues prácticamente no tenemos deuda después de recibir una “pesada herencia”, con 2.436 agentes de planta permanente y jornalizados incorporados a fines del año 2015 por la gestión anterior, haber afrontado compromisos salariales sin financiamiento y un impacto de masa salarial equivalente al 144% de los recursos coparticipables. Esto no fue una regla en la administración de Aída Ayala pues durante sus 12 años mantuvo una relación técnica entre masa salarial y coparticipación equivalente al 88%, lo cual es razonable, pero al entregar el mando la masa salarial aumentó un 68%, situación totalmente inmanejable.
La reducción global de casi el 15% de los agentes por jubilaciones, renuncias y retiros voluntarios ha permitido ordenar las finanzas.
Durante nuestra gestión no se improvisa nada. Se planifica todo pero contra la discrecionalidad del gobierno nacional, las limitaciones del gobierno provincial, la profunda recesión económica y un modelo económico especulativo y centralista no se puede hacer más de lo que hacemos.
Pareciera que mi voz es la única disidente. Nadie acompaña las iniciativas del Municipio. A todos los actores económicos, sociales, institucionales, políticos les da lo mismo que nos saquen recursos, obras o que las mantengan, pero después no digan que es fruto de la improvisación.
La inversión de 250 millones de dólares en el Programa de Prevención contra Inundaciones (PPI) permitió en 26 años evitar inundaciones y mitigar su impacto. Durante nuestro período de gobierno provincial merece recordarse la ejecución de la obra de “Los Hacheros”, las Estaciones de bombeo de Villa Prosperidad y Avalos y las viviendas en Lote 203, los canales Soberanía Nacional en Puerto Vilelas y Clayton en Barranqueras, entre otras.
La inversión del Programa PROMEBA por 26 millones de dólares permitió urbanizar chacras de zona sur y oeste y establecer estrategias de ordenamiento territorial con infraestructura social básica. Este programa tenía previsto una inversión de 136 millones de dólares en un programa plurianual de largo plazo pero se acaba de extinguir el 31/12/2018, así como el programa “Norte Grande” por el cual la provincia recibía las obras sin contrapartida ni endeudamiento. Acaso las instituciones no se preguntaron nunca como fue posible hacer todo lo que hicimos sin endeudarnos, salvo con el BNDS para el segundo acueducto y con el PROSAP para la ejecución de obras de electrificación rural para 4.400 productores, ni afectando recursos financieros del estado provincial.
El Municipio pasó de invertir un monto equivalente a 5 millones de dólares a 20 millones de dólares de su presupuesto anual, lo cual es extraordinario pero insuficiente.
Necesitamos 1.000 millones de dólares de inversiones en infraestructura social básica (obras hídricas, pavimento urbano, alumbrado público, limpieza de lagunas, remodelación de espacios públicos). El mantenimiento de las inversiones en infraestructura social básica requiere solamente 3 M de dólares para que su tasa de depreciación no se agudice con el transcurso del tiempo.
El crecimiento de la ciudad en parcelas urbanas duplicó el crecimiento en el número de habitantes, producto de la falta de planeamiento urbano, sumado a modificaciones en el tamaño de los hogares.
Nuestra provincia tiene un 88% de población urbana y hasta el 2001 registró un crecimiento exponencial debido a la migración campo-ciudad, del mismo modo que lo tuvo toda Latinoamérica. Y también en otros países del mundo como China, que posee 50.000 viviendas construidas esperando la ocupación de habitantes que actualmente residen en zonas rurales.
Ahora bien. ¿Cómo se resuelve esta situación? Sencillamente con planificación y recursos financieros, con presupuesto como lo hicimos durante mi gestión como Gobernador de la Provincia en el período 2007-2015.
Aquí se ejecutaron 69 edificios escolares, 20.000 viviendas públicas y privadas (112 edificios con 5.000 departamentos), centros culturales, espacios públicos, infraestructura deportiva y sanitaria (centros de salud, hospitales, etc.), autovías, pavimento urbano y obras hídricas para la comunidad.
¿Cómo nos olvidamos rápidamente de lo que se hizo enlodando a todos y poniendo a todos en la misma bolsa?
¿Qué previsión resulta válida cuando existe tamaño cercenamiento de derechos y hostigamiento institucional?
Nos quitaron 84 millones de dólares de los recursos ya concedidos y demoraron la ejecución de obras por otros 60 millones de dólares y nadie nos acompañó en defensa de los intereses de nuestra comunidad de Resistencia.
Pero exigimos una toma de conciencia respecto a lo que necesitamos. No menos de 500 millones de dólares y 1.000 millones de dólares de inversión como razonable. A este ritmo necesitamos 50 años para ejecutar las obras que la ciudad requiere y 25 años para ejecutar el plan mínimo de inversión. Pero si aumentamos la inversión a 50 millones de dólares por año el plazo se reduce a 10 años para el mínimo y 20 años para el razonable.
Ya nos quitaron dos años de inversiones. No permitamos que nos quiten más. Unamos las voluntades en defensa de nuestros intereses comunitarios respetando las autoridades pero haciendo valer nuestros derechos.
La ocupación de tierra urbana se hace en un contexto social adverso, el municipio no posee tierra de su propiedad. Los lotes disponibles pertenecen a la provincia. Y necesitamos avanzar en la regularización de 20.000 lotes urbanos, lo cual implica disponer el equivalente a 20 millones de dólares para cancelar las deudas generadas por las expropiaciones.
Existen casi 6.900 lotes urbanos baldíos en la ciudad que pertenecen al sector privado y el modelo tributario penaliza su tenencia con fines especulativos inmobiliarios.
La demanda social crece por factores económicos y sociales que nosotros no podemos regular. Y la regulación con litigiosidad implica la intervención judicial pues las atribuciones constitucionales del Intendente para el ejercicio del poder de policía son limitadas.
Voluntad de hacer hemos demostrado como nadie pero la hipocresía no puede apropiarse del mensaje de los que hablan sin saber.
(*) Intendente de Resistencia.
