Buenos Aires. Reclaman el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo. Insumos y tecnología importados, paritarias y servicios públicos caros, un combo que genera serios problemas en salud.
La indicación principal de la diálisis es el fallo renal, la insuficiencia renal aguda o crónica. Existen otras indicaciones «no renales» como son las intoxicaciones, por cierto menos comunes. Esta sería la principal prestación en riesgo por los conflictos con la obra social de jubilados y pensionados, Pami.
«Tenemos que resolver un problema mayúsculo que es el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo, distorsión agravada por el tipo de cambio de incidencia directa en insumos y tecnología importados que conlleva la prestación médica, además de las paritarias y el impacto de las tarifas de servicios públicos», aseguró Miguel Discépolo, directivo de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra). En consecuencia, desde este lunes 5 de agosto, todos los centros privados de diálisis del país se verán imposibilitados de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI.
Generalmente, se le indica diálisis al paciente cuando solo le queda del 10% al 15% de la función del riñón. El objetivo del tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) es la prevención. Si bien en la actualidad se consiguió hacer más lenta la progresión de la enfermedad, en algunos casos avanza hasta estadios en los que se precisa iniciar tratamiento sustitutivo renal (TSR), que se está incrementando considerablemente, entre un 5 y un 10% anual, en los países desarrollados.
Entre las razones más importantes que explican este aumento está el envejecimiento de la población junto con los factores que asocian, fundamentalmente la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 (DM2).
