Resistencia. Desde el Gobierno el ministro Chorvat admitió que hay una parte de la sociedad que afronta complicaciones por el estado de anarquía producto de las movilizaciones constantes ante la falta de respuesta de las autoridades a las organizaciones sociales.
En busca de replantear la relación del Estado con las organizaciones multisectoriales y sociales ante las situaciones de
conflicto, el Gobierno Provincial apunta a crear una mesa participativa y democrática para modificar las prácticas
institucionales.
El ministro de Seguridad Daniel Chorvat hizo hincapié en la necesidad de rever las responsabilidades y necesidades de las partes involucradas y afectadas por los conflictos y protestas sociales, para lograr un “consenso histórico” que permita dar respuestas gubernamentales satisfactorias.
“Hace más de 12 años el Estado otorgó visibilidad a los movimientos sociales, transfiriéndole una cierta
responsabilidad en la asignación de recursos. Se convirtieron en un medio para llegar a un sector de la sociedad, a través de donde se canaliza la ayuda. Es entonces que tenemos movimientos sociales manifestando demandas y a un Estado que da respuesta asignando recursos; y desde el comienzo existe un solo punto de contacto, que es la calle”, describió el ministro de Seguridad.
Explicó que lo que se busca es revisar estos procesos respetando la existencia de las organizaciones sociales y marcando la responsabilidad de los agentes públicos y el Estado en la asignación de recursos.
Subrayó que los conflictos con organizaciones sociales afectan a otra parte de la sociedad no involucrada directamente.
“Hay una parte de la sociedad que no forma parte ni del Estado ni de los movimientos sociales, y que también tiene su demanda, porque las tensiones producidas, que surgen en la calle, le generan complicaciones”, expresó.
El ministro de Seguridad apuntó a “encauzar nuevos procedimientos conjuntamente con la sociedad civil organizada”,
que deriven en un recurso escrito, que contemple los derechos de todas las partes, que aporte a la construcción ciudadana y que pueda tener un marco legal y legislativo.
“Este es el momento oportuno, para emprender una construcción colectiva de consensos sociales que deriven en nuevas prácticas institucionales y en un Estado más eficiente no sólo en su respuesta sino también en la optimización de recursos”
