Resistencia. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de seis imputados, entre los que se encuentra el medio hermano del actual Secretario de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico Héctor Hugo Lisboa.
Se trata de la causa donde se investigan los homicidios con alevosía de los dirigentes campesinos Carlos Servando Píccoli y Raúl Eduardo Gómez Estigarribia. Por ello están imputados Tadeo Bettolli, Miguel Antonio González, Alcides Safenreiter, Carlos Chavez, José Rodríguez Valiente, en tanto, Eduardo Wischnivetzky (hermano por parte de madre del ex jefe de la Policía y actual funcionario Lisboa) está acusado por torturas contra tres trabajadores rurales. :
Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani consideraron que la resolución recurrida ha satisfecho la “doble conformidad” o “doble conforme” o el derecho al recurso reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el fallo “Herrera Vs. Costa Rica» dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defensa se limitó a controvertir los fundamentos brindados por la Cámara Federal de Resistencia, remitiéndose a cuestiones de hecho y de prueba que no constituyen carácter federal.
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había considerado que «surge del material reseñado que las víctimas de seguimiento y persecución por su accionar en las Ligas Agrarias resultaron en forma sistemática privados ilegítimamente de la libertad, torturados, desaparecidos o, como en el caso que nos ocupa, simulada su muerte como un enfrentamiento armado inexistente».
Homicidio de Piccoli
De acuerdo al fallo de la Cámara Federal de Resistencia que se confirmó, se encuentra acreditado en principio que Safenraiter y Chavez participaron del homicidio de Piccoli en la noche del 22 de abril de 1979, cuando la víctima se trasladaba en bicicleta por el Paraje Pampa Florida de la zona rural de Presidencia Roque Sáenz Peña por un camino vecinal conocido como «cruce de Ramella», donde le dieron «inmediata muerte».
De conformidad a las pruebas obrantes en la investigación, surgió que los integrantes de las fuerzas conjuntas conocían perfectamente la presencia de Piccoli en el lugar, disponiendo un operativo para su búsqueda y eliminación, montando un retén guarecido a ambos lados de la ruta a los fines de dar cumplimiento a tal misión.
En ese sentido, abordaron las versiones policiales del hecho y concluyeron que «aparece claramente inverosímil que el nombrado llevara consigo las armas de grueso calibre (incluida una granada que supuestamente portaba en su cintura) que se describen en autos, resultando imposible suponer que circulando en bicicleta en horas de la noche haya podido disparar las mismas».
Al respecto, señalaron que «no resulta difícil colegir que se trató de una ejecución, si se tiene en cuenta el certero disparo en la cabeza efectuado en altas horas de la noche».
«El ataque sorpresivo a la víctima, el obrar sobre seguro (refugiados los encausados a ambos lados de la ruta en la espesura de la vegetación) y los certeros disparos realizados con armas de grueso calibre, constituyen requisitos que permiten agravar el delito de homicidio por la alevosía», explicaron.
Homicidio Gomez Estigarribia
En tanto, Miguel Antonio González y José Tadeo Luis Bettolli están acusados de participar el 12 de febrero de 1977 en el asesinato de Gómez Estigarribia. El hecho ocurrió en la localidad de Corzuela cuando la víctima se presentó alrededor de las 21 horas en la casa de un conocido, Francisco Diego Iníguez.
El tribunal tuvo por acreditado en principio que Iñíguez avisó a la Policía local que Gómez Estigarribia lo visitaría. Desde la seccional, indica el fallo, se comunicaron con el oficial del ejército Bettolli, quien «se encontraba en la zona cumpliendo funciones de búsqueda de ‘elementos terroristas prófugos’, montándose un operativo por el cual se ordenó a Iñíguez que deje una luz encendida en el exterior de su casa y a tienda a Gómez Estigarribia por la ventana, entreteniéndolo con algún diálogo a fin de que el nombrado quedara expuesto».
La víctima fue esperada en el lugar por una comisión formada por fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policia del Chaco, quienes «se encontraban al acecho y estratégicamente ubicados en distintos lugares» y «le dieron muerte con disparos de diferentes armas de fuego», describió la resolución.
La Policía, luego, montó una escena que justificó un enfrentamiento. Los camaristas sostuvieron, al igual que la jueza Zunilda Niremperger, que el comisario Eraldo Olivera y su secretario de actuación, José Francisco Rodríguez Valiente, «se constituyeron en el lugar dejando constancia que Gómez Estigarribia se encontraba armado», mientras que luego, al hacer entrega del cuerpo a los familiares -quienes declararon haber visto en la víctima numerosas heridas de bala-, «les extendieron un certificado de defunción en el cual figura como causa del deceso un ‘accidente’ ocurrido en la vía pública de Resistencia».
Tortura a trabajadores rurales
Wischnivetzky, a su vez, está acusado por el secuestro de tres trabajadores rurales y su sometimiento a tormentos a partir del 30 de agosto de 1976, cuando fueron detenidos en la localidad de Villa Berthet y luego llevados a un campo, donde los interrogaron por el paradero de miembros de las Ligas Agrarias y los golpearon. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría de Villa Berthet y a la de Quitilipi, y finalmente a la Brigada de Investigaciones de Resistencia.
Próximo juicio oral de Lesa Humanidad
Con la confirmación de la Cámara de Casación Penal, quedaron a un paso del juicio oral el ex agente policial Miguel Antonio González y el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Luis Bettolli, quienes están acusados de participar el 12 de febrero de 1977 en el asesinato de Gómez Estigarribia, y Alcides Roberto Safenraiter y Carlos Chavez, acusados por el crimen de Piccoli el 22 de abril de 1979.
Por su intervención como encubridor en ambos hechos, está acusado el subcomisario y secretario actuante en sumarios policiales, José Francisco Rodríguez Valiente, a quien se imputa haber certificado falsamente que las muertes se produjeron en enfrentamientos.
Por último, el comisario general, Eduardo Wischnivetzky está acusado del delito de tormentos y privación ilegitima de la libertad de tres trabajadores rurales.
