Resistencia. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, elevó hoy a juicio oral la causa en la que se acusa a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala y al exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la capital chaqueña, Jacinto Sampayo, como jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió hoy clausurar la instrucción y elevar a juicio oral la causa en la que se acusa a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala, y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, como presuntos jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
La resolución fue dictada este viernes 7 de mayo y comprende además a otras 15 personas, allegados a la dirigente política y al sindicalista. El 28 de abril último, el fiscal federal Patricio Sabadini había solicitado la elevación a juicio de la causa y, ante la falta de oposición por parte de las defensas de los imputados, la magistrada resolvió clausurarla y confirmar la elevación a juicio en donde se determinará la responsabilidad penal o no de los imputados.
La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa se inició en 2018 por un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija; y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Martínez, entre otros.
El resto de los que enfrentarán el juicio son: Mónica Centurión, Fátima Rigassio, Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia Martínez Guarino, Cristian Zapata, Diego Martínez Guarino, Víctor Hugo Quiroz, Eulalio Bouza, Elsa Martínez y Enrique Baumwollspinner.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.
“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.
Vale recordar que por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo un orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que habían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la cámara baja.
