Buenos Aires. El pasado 24 de diciembre, a través de un decreto, el Gobierno dio un golpe a la operación de las low cost. Dos meses después, una empresa aeronáutica concretó su propia ofensiva. Flybondi presentó una medida cautelar en la Justicia para que el Ministerio de Transporte no pueda avanzar con la regulación de las bandas tarifarias, una política que implicaría una tarifa máxima y una mínima para los vuelos de cabotaje, lo que produciría una suba en los precios de los pasajes de bajo costo.
La presentación solicita al juez una “urgente intervención” para que no se implemente la decisión oficial, adoptada el año pasado mediante el decreto 879 y cuya entrada en vigencia está prevista para fines de junio. En cambio, busca que se analice la legalidad de tal política. Concretamente, Flybondi argumenta que la imposición de bandas tarifarias va en contra de la ley 19.030 y, por ende, es inconstitucional. Además, acusa que busca beneficiar la posición de mercado de Aerolíneas Argentinas en desmedro del resto de las compañías.
Fuentes del sector confirmaron que la presentación judicial, realizada el 22 de febrero, ya fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, el magistrado que falló en contra de Flybondi en la causa por la reapertura de El Palomar.
Además, la cautelar va en contra de otra de las medidas adoptadas mediante el decreto. Se trata de la distribución de rutas internacionales entre cada aerolínea. En la actualidad, las frecuencias a destinos en el extranjero se reparten entre las empresas aerocomerciales en base a la disponibilidad (hay una cantidad fija de vuelos por semana) y la capacidad de las aerolíneas de emprender esos viajes eficientemente. Según la presentación judicial, el Gobierno estaría impidiendo a los privados el acceso a esas rutas para otorgárselas a Aerolíneas Argentinas.
Adicionalmente, la empresa alegó que la medida va en contra del interés general y en detrimento del desarrollo federal del transporte aerocomercial del país, debido a que empresas como Flybondi conectan aeropuertos en provincias y municipios con nuevas rutas antes inexistentes.
En el Ministerio de Transporte comentaron que no fueron notificados formalmente de la presentación judicial. Sin embargo, el juez Cayssials envió una comunicación oficial a la cartera el 20 de abril, solicitando que produzca un informe como demandados en el término de cinco días hábiles.
La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) fue notificada de la causa y, de acuerdo con fuentes oficiales, dio respuesta haciendo hincapié en que se trata de un organismo técnico y no decisorio en la materia de bandas tarifarias. Además, conocedores de la negociación puntualizaron que se están llevando adelante conversaciones con las empresas para “hacerlas partícipes” de la regulación. Habrían concretado una reunión con las autoridades en la que se les solicitó información financiera y de inversiones. El encuentro, según algunos participantes, fue conflictivo y derivó en la intervención del ministro Alexis Guerrera, aunque algunos niegan que este haya participado personalmente.
El trasfondo de la pelea
El Gobierno volvió a establecer las tarifas máximas y mínimas para los vuelos de cabotaje a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el viernes de Nochebuena. La medida había regido desde 2002 hasta 2018, cuando la administración de Mauricio Macri, para facilitar el ingreso de las compañías low cost, eliminó su aplicación.
Según el decreto de diciembre, el Ministerio de Transporte tendría 180 días para publicar las nuevas bandas. El plazo vence el 24 de junio, fecha antes de la cual se deberían hacer públicos los lineamientos para que las empresas determinen el valor de sus pasajes.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, si los niveles vuelven a ser los de fines de 2014 -el piso correspondería a $13.000 de tarifa promedio- el mercado aerocomercial se achicaría entre tres y seis veces respecto del actual. Rondaría los 5,2 millones los pasajeros por año, con un máximo de 6,4 millones y un piso de 3 millones.
Según el Instituto, los datos muestran que, a medida que se redujo la banda tarifaria mínima en términos reales entre 2003 e inicios de 2019 (cuando entró en vigencia su eliminación), creció la cantidad de pasajeros de cabotaje anuales. Según el informe, el 74% del incremento en volumen de viajeros se explica por esas variaciones.
La justificación del Gobierno para la reimplementación de las bandas tarifarias fue que el Estado “debe velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservar la sostenibilidad no solo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte, y evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan, a la larga, contrarias al interés general”, según el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Transporte. Concretamente, el Gobierno acusó a las low cost de dumping, es decir, de vender pasajes por debajo de sus costos. También alegó una necesidad de implementar bandas tarifarias por el “exceso de oferta”.
Las aerolíneas privadas, por su parte, acusan que el Gobierno quiere favorecer a la línea de bandera, que es controlada por la agrupación La Cámpora a través del senador Mariano Recalde, expresidente de la compañía estatal. El Gobierno buscaría, de acuerdo con su visión, incrementar la cantidad de pasajeros de Aerolíneas Argentinas mediante una equiparación de los valores de los pasajes con otras compañías. De esta manera, se eliminaría la ventaja competitiva de las low cost, que ofrecen viajes a menor precio, y se mejoraría el rojo financiero de la empresa de mayoría estatal.
