Sáenz Peña. Así se lo confirmó la magistrada a Diario Chaco, portal que en las últimas horas dio a conocer la noticia. Aranda fue denunciada junto al secretario del interior del mismo sindicato, Miguel Ramos; y el empelado bancario y referente del sindicato de Bancarios, Luis Vargas.
La fiscal N° 1, de Sáenz Peña, Liliana Liupi tiene a su cargo la investigación por la denuncia presentada días pasados por una veintena de personas que afirman haber sido estafadas por la compra de un terreno para la construcción de casas de un barrio judicial que no se concretó. Hoy la fiscal citó a Graciela Aranda, secretaria General del Sindicato de Judiciales del Chaco, e inició así las pirmeras diligencias en torno a esta causa donde están denunciados además el secretario del interior del mismo sindicato, Miguel Ramos; y el empelado bancario y referente del sindicato de Bancarios, Luis Vargas.
Con respecto a Graciela Aranda, la fiscal Liliana Lupi informó que «fue notificada de la denuncia» y que «tiene que presentarse en el transcurso de esta semana para los mismos fines, y para la designación de abogado defensor».
En la Fiscalía N° 1 a cargo de Liliana Lupi denunciaron a Graciela Aranda, secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, a Miguel Ramos dirigente de Sáenz Peña y Eduardo Vargas por supuesta estafa contra unas 100 familias que compraron terrenos donde se iban a construir viviendas. La denuncia fue realizada por una veintena de estas, por estafa.
Los terrenos fueron ofrecidos y pagados por los interesados sobre finales del año 2014 y principios del 2015, pero algunos otros fueron vendidos sobre finales del año 2015, e incluso se tomó conocimiento que el último se había vendido éste año. Esto resultó en virtud de que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando terrenos que fueron vendidos posteriormente a los nuevos adquirentes, pero siempre bajo el mismo convenio marco y bajo el mismo discurso, variando la fecha que referían respecto al inicio de la obra. Sin embrago, según consta en la denuncia “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.
Señala la denuncia que tanto Ramos como Vargas, el primero como representante del Sindicato en términos formales, y el segundo como la persona que recibía y contaba el dinero. Además instruían sobre la operatoria en las charlas habituales que se daban, a las cuales “todos concurrían con mucho entusiasmo dado la posibilidad que se estaba presentando de adquirir una vivienda a través del IPDUV, sabiendo de antemano que este organismo provincial viabiliza con muchas facilidades económicas el acceso a la vivienda, además, en los terrenos que cada uno había adquirido, los que fueron cancelados por cada postulante en su totalidad”.
