Sáenz Peña. La investigación judicial por el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer que durante meses se hizo pasar por médica en el Hospital «Dr. Emilio F. Rodríguez» de Quitilipi, sumó un capítulo decisivo.
El fiscal de Investigación, Marcelo Soto amplió el frente judicial y formalizó la imputación contra Daniel Alfredo Acuña y Carina Gabriela Villalba, ambos exdirectores del nosocomio, a quienes ahora se les atribuye responsabilidad penal como partícipes necesarios en los hechos más graves que se le achacan a Ojeda.
La fiscalía encuadró la conducta de los exdirectores en el artículo 253 del Código Penal, que castiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en el artículo 208 inciso 1°, que tipifica el ejercicio ilegal de la medicina. Pero el punto más delicado de la imputación llega de la mano del artículo 79, que prevé el homicidio, aplicado bajo la modalidad de dolo eventual: la fiscalía sostiene que ambos actuaron como partícipes necesarios de esas muertes, en función del artículo 55, que regula el concurso real de delitos. En criollo, la Justicia entiende que sin la decisión de los directivos de sostener a Ojeda al frente de las guardias, buena parte de los hechos investigados no se hubieran producido.
La lectura del fiscal es que ninguno de los dos actuó como un espectador pasivo de la situación. Villalba y Acuña estuvieron al frente del hospital de Quitilipi durante el período exacto en el que Ojeda —conocida públicamente como la «falsa médica»— realizó guardias activas y llegó a atender a más de 1.200 pacientes, además de firmar actas de defunción sin contar con título habilitante alguno. La pregunta que atraviesa el expediente es simple y devastadora: ¿cómo pudo una persona sin matrícula propia, valiéndose de una credencial ajena, sostener guardias médicas durante tanto tiempo sin que nadie lo advirtiera a tiempo?
Ambos exdirectores ya habían sido citados a declaración indagatoria a comienzos de julio, bajo apercibimiento de detención en caso de no presentarse. En el caso puntual de Acuña, la Justicia había declarado nula una declaración testimonial previa, al entender que debía prestarla directamente en calidad de imputado y no de testigo. Ese giro procesal fue la antesala de la imputación que hoy pesa formalmente sobre los dos.
El trasfondo de la causa sigue siendo estremecedor para la comunidad de Quitilipi y de toda la provincia. Ojeda permanece bajo prisión preventiva, acusada de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, tras la muerte de al menos un paciente durante su paso por el sistema de salud público. La jueza que rechazó recientemente su pedido de prisión domiciliaria fue categórica al fundamentar la gravedad del caso, al sostener que actuar sin los conocimientos necesarios para ejercer la medicina no puede leerse como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de un desprecio absoluto por la vida humana.
Con la imputación a Villalba y Acuña, la causa deja de centrarse exclusivamente en la conducta de Ojeda y empieza a poner bajo la lupa a toda la cadena de responsabilidades dentro del sistema sanitario chaqueño. La instrucción continúa, y todo indica que en las próximas semanas habrá nuevas audiencias que definirán la situación procesal de ambos exdirectores.
