Resistencia. Roberto Sotelo, del Comité contra la Tortura, advirtió que la iniciativa es inconstitucional, no resolverá el problema de la inseguridad y podría agravar el hacinamiento en los lugares de detención.
El integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, Roberto Sotelo, expresó su rechazo al proyecto de Ley de Reiterancia que será tratado por la Cámara de Diputados del Chaco y sostuvo que la iniciativa «no resolverá el problema de la inseguridad» y vulnera principios constitucionales básicos.
En diálogo con NORTE, Sotelo afirmó que la propuesta «resulta pasible de inconstitucional» porque afecta el principio de inocencia. «La reiterancia se va a basar solamente en la existencia de causas o imputaciones procesales en trámite, cuando una persona sigue siendo inocente hasta que exista una condena firme», señaló.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la utilización de la prisión preventiva. «Se desnaturaliza lo que implica la prisión preventiva, que es una medida cautelar destinada únicamente a evitar la fuga del imputado o el entorpecimiento de la investigación. Con este proyecto se pretende darle otro sentido», explicó.
Sotelo también advirtió sobre las consecuencias que tendría la aplicación de la norma en el sistema penitenciario. «Se va a incrementar el hacinamiento y el riesgo institucional de violaciones a los derechos humanos», sostuvo, al tiempo que consideró que el mayor impacto recaerá sobre los sectores más vulnerables. «Existe una clara selectividad punitiva y quienes más van a sufrir las consecuencias serán los grupos vulnerables», remarcó.
El referente del Comité fue especialmente crítico con el argumento de que la ley permitirá mejorar la seguridad. «Se le quiere vender espejos de colores a la ciudadanía con la ilusión de que esta ley va a resolver la cuestión de fondo, cuando en realidad no va a reducir las causas estructurales del delito ni tampoco los problemas de seguridad pública», afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa transforma el sentido de las medidas cautelares. «La coerción o el encierro deja de ser una garantía procesal para convertirse en una herramienta de prevención general o de castigo, y eso choca con los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», indicó.
Finalmente, Sotelo consideró que la ley incluso podría generar un efecto contrario al buscado. «Los jueces y fiscales ya cuentan con facultades para evaluar los riesgos procesales en cada caso. Establecer criterios más rígidos les resta capacidad para analizar cada situación en particular y puede terminar ralentizando aún más los procesos judiciales», concluyó.
