Sáenz Peña. Se trata de 100 familias de Sáenz Peña y 63 familias de Resistencia que apuntan al Sindicato de Empleados Judiciales y a dirigentes gremiales que comercializaron terrenos a cambio de construir viviendas en las dos ciudades.
Tras haber transcurrido cerca de 4 años, las familias ni siquiera tienen la posesión de los terrenos que compraron, ni los títulos, como tampoco las viviendas. Se insiste, desde los compradores, de estar en presencia de una posible gran estafa inmobiliaria,apuntando a dos sindicalistas judiciales Ramos y Graciela Aranda, y un bancario Luis Vargas.
Desde las oficinas del Sindicato de Empleados Judiciales de Sáenz Peña, según denunciaron compradores, les fueron vendidos 100 terrenos en la zona Norte de Sáenz Peña; para lo cual se pagó una importante suma de dinero (unas cuatro manzanas fueron comercializadas en 15 millones de pesos) a cambio que en el lugar se iban a construir las viviendas para estas familias.
Transcurridos cerca de 4 años de la fallida operación, las 100 familias no logran «ni siquiera contar con los títulos de propiedad de los terrenos y ni hablar de las casas que no se construyeron», según expresaron profesionales del derecho que asisten a estas familias y que iniciaron demandas ante la justica. Los terrenos fueron puesto a nombre de un Fundación cuya titular es «la representante de los trabajadores», la cegetista, Graciela Aranda.
Por el caso, hay denuncias penales a integrantes del sindicato de Empleados Judiciales y un dirigente bancario que sería quien habría cobrado los terrenos. Pero hasta ahora la Justicia (la Fiscalía de la doctora Lupi) no avanzó casi en nada. Hay sectores que estiman que el propio poder Judicial este custodiando a la dirigente Aranda para evitarse conflictos con el Sindicalismo.
El caso que fue presentado ante diputados chaqueños, sumó una presunta estafa similar realizada a 63 familias de Resistencia, a quienes bajo la misma modalidad de venderle el terreno a cambio de construir en el lugar casas de planes supuestamente del IPDUV, con lo que son 163 familias que pagaron sumas cercanas a los 200.000 pesos por cada terreno y no tienen ni la casa, ni logran la propiedad de los terrenos.
«Cuando nos contestan, lo hacen con evasivas, además de someternos a destratos por parte de integrantes de este sindicato», denunciaron desde una conferencia de prensa realizada ayer.
