Resistencia. La Justicia busca establecer si hubo lavado de activos durante el proceso de licitación y contratación de los servicios de recolección de residuos realizados en la gestión municipal de Aída Ayala.
En calidad de testigo, el intendente Jorge Capitanich prestó declaración ante el Juzgado Federal N° 1, en la Causa “PIMP SA” (o “Lavado 2”) que investiga lavado de activos durante el proceso de licitación y contratación de los servicios de recolección de residuos realizados en la gestión municipal de Aída Ayala.
El jefe comunal dio detalles e informes sobre la renegociación del contrato con dicha firma, vigente desde 2016 y que permitió innumerables beneficios a favor del Municipio y sobre todo de los vecinos de Resistencia.
Además de exponer y de presentar documentación durante casi 3 horas, Capitanich respondió preguntas (de la jueza, fiscal y los abogados de las partes que estuvieron presentes). “Vine a declarar como testigo en la Causa PIMP SA. En ese marco, mi exposición y las preguntas estuvieron vinculadas a la licitación, al objeto de licitación, de los cual expliqué los detalles y básicamente los efectos jurídicos de la renegociación”, señaló tras salir del Juzgado.
EFECTO JURÍDICO: RENEGOCIACIÓN FAVORABLE AL MUNICIPIO Y A LOS VECINOS
El jefe comunal señaló que ratificó ante la Justicia que “los efectos jurídicos de la renegociación tienen tres componentes: primero, el artículo 971 del Código Civil y Comercial unificado, que establece claramente los efectos jurídicos desde el inicio que es marzo de 2016; segundo, la cláusula séptima del contrato; y tercero la Ordenanza Municipal 11.732 que es la legislación de emergencia que fue aprobada el 22 de diciembre de 2015 por parte del Concejo Municipal”.
En consecuencia, sobre los efectos jurídicos, “para nosotros es indubitable que se renegoció el contrato de PIMP SA sin la formalidad de la firma correspondiente de la renegociación en sí misma, pero que tiene efecto jurídico, porque está total y absolutamente comprobado con una documentación respaldatoria que deja en claro que: agregamos tres camiones adicionales, logramos la compra de indumentarias para los trabajadores, un control en tiempo real de recorrido con nuevas funciones del GPS, la extensión de los kilómetros recorridos y la cobertura territorial de la ciudad para disminuir el costo por superficie cubierta en aproximadamente un 36 por ciento”, destacó Capitanich.
Por otro lado, hay que recordar que el jefe comunal ya había expresado que se redujo el stock de deuda inicial en un 63,3 % y al momento de la intervención judicial poseía una acreencia de 25 millones de pesos que hoy está siendo sujeta a negociación de las partes con inmejorables condiciones de quita.
SABADINI: “ACÁ SE INVESTIGA UNA CAUSA DE LAVADO, NO DE RENEGOCIACIÓN”
Durante su exposición ante la prense, el intendente Jorge Capitanich reiteró que la causa “es sobre el lavado de activos”, y que su testimonial fue aportar documentaciones a esa causa.
Del mismo modo, minutos antes, el propio fiscal Patricio Sabadini destacó que la causa que se investiga “no es si hubo o no renegociación de contrato” sino que eso servirá para sumar pruebas a la causa que se investiga que es “lavado”.
“Para el Ministerio Público, con el aporte de Capitanich como testigo, lo que era fundamental era acreditar si hubo o no una disminución de costos por parte de la Municipalidad; si hubo una quita de deuda, si hubo nuevas exigencias de la Municipalidad a la Empresa; y realmente nos llevamos las respuestas a lo que vinimos a buscar”, sentenció Sabadini.
EL APORTE DEL MUNICIPIO AL PEDIDO DE LA JUSTICIA
Por último, Capitanich destacó la plena colaboración del Municipio con la Justicia Federal. En ese contexto, hay que recordar que días atrás, mediante un artículo, el jefe comunal destacó que desde el Juzgado “se ha requerido toda la documentación vinculada a la empresa y otros prestadores de servicios y/o proveedores con el objeto de examinar las características de los contratos, lo cual torna innecesario cualquier allanamiento en virtud de la máxima predisposición de parte de los funcionarios municipales para proveer la información requerida tal cual debe ser en una república democrática.
“Desde el inicio de nuestra gestión promovimos una Ordenanza de Emergencia 11.732 con el objeto de renegociar los contratos, entre otras cuestiones sustanciales, en virtud de haber heredado casi 700 millones de pesos de deuda certificada por auditoría de corte del Tribunal de Cuentas solicitada en mi condición de intendente electo”, señaló Capitanich.
