Por Gustavo Corregido
El gobierno nacional nuevamente aplica una medida arbitraria, desconociendo un fallo judicial y acuerdos preexistentes, que perjudicará a todos los chaqueños.
A través de la Resolución Nº 256 de la Secretaría de Energía Eléctrica, la Nación vuelve a subir el precio de la tarifa de energía mayorista que distribuye CAMMESA.
Este nuevo aumento se funda en una audiencia pública del 2016 que fue dejada sin efecto porque no se dio información adecuada y veraz y con esto otra vez sortean las decisiones judiciales, anulando en forma autoritaria la medida cautelar que la Justicia Federal ordenó para suspender los incrementos. Esto recaerá nuevamente en los usuarios y reducirá todavía más su poder adquisitivo.
Es una burla a la Justicia la decisión de suplantar con nuevos actos administrativos una medida que ordenaba suspender los aumentos. Con esta resolución de la Secretaría de Energía, que fija incrementos para el período mayo – octubre de 2017, vuelven a imponer una decisión arbitraria sobre los precios mayoristas, cuando la jueza federal ya había puesto un freno a este tipo de acciones.
Esto es grave porque nos señala que estamos innegablemente ante una crisis de representatividad, que se agudiza mes a mes con decisiones políticas del gobierno nacional. Se está ejerciendo así un abuso de poder sobre la economía del Pueblo. Esta falta de respeto a la división de poderes, como lo venimos señalando, nos somete a un esquema político que devalúa a las instituciones.
Estamos en medio de una crisis de validez de las normas en el Estado de derecho. El aumento desmedido de los valores de la energía eléctrica sigue sin una solución definitiva. Los chaqueños no estamos siendo considerados en la política del gobierno nacional. Desconocen la situación de inequidad que padecen todas las provincias del norte, obligadas a ser electrodependientes. Sin embargo, eligen confundir y sembrar incertidumbre en la sociedad mientras destruyen la economía familiar. Como ciudadanos no podemos permitir que quienes nos representan sigan avasallando nuestros derechos.
Desde la Defensoría del Pueblo, al tomar conocimiento de este escenario que nos imponen otra vez, evaluamos iniciar nuevas acciones judiciales y exigimos al gobierno nacional que detenga estas medidas inconstitucionales que afectan al bolsillo de la gente.
