Sáenz Peña. Rubén Guillón defendió la decisión unánime del Consejo de la Magistratura de suspender preventivamente al juez Rodolfo Lineras y al fiscal César Collado mientras avanza el proceso de jury. Aseguró que la medida no implica un juicio de culpabilidad y garantizó que ambos tendrán pleno derecho de defensa.
En medio del debate generado por la suspensión preventiva del juez Rodolfo Lineras y del fiscal César Collado, el diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, Rubén Guillón, explicó en LT16 am950 los fundamentos de la decisión adoptada por unanimidad y pidió diferenciar la apertura de un jury de una sanción definitiva.
Durante una entrevista radial, Guillón remarcó que el Consejo actuó conforme a lo establecido por la Constitución Provincial y evitó emitir opiniones sobre el fondo de la causa, debido a que integrará el tribunal que deberá resolver el expediente. «Necesito ser muy objetivo y muy prudente en mis apreciaciones porque seguramente cumpliré la función de juez dentro de este proceso», dijo.
El rol del Consejo de la Magistratura
El legislador recordó que el Consejo de la Magistratura tiene dos funciones centrales: seleccionar y proponer funcionarios judiciales, y actuar como Jurado de Enjuiciamiento cuando existen denuncias contra jueces, fiscales o defensores.
En ese sentido sostuvo que muchas veces se desconoce que existe un organismo encargado de controlar el desempeño de los funcionarios judiciales. «Los jueces y los fiscales no son omnipotentes ni todopoderosos. Tienen límites y existe un organismo constitucional encargado de analizar las denuncias que puedan presentarse», sostuvo.
Cómo se llegó a la suspensión
Guillón explicó que el proceso comenzó con denuncias presentadas por abogados litigantes de Presidencia Roque Sáenz Peña contra el fiscal César Collado.
Posteriormente se sucedieron nuevas presentaciones, entre ellas una denuncia del propio fiscal contra el juez Rodolfo Lineras, luego de que este hiciera lugar a un hábeas corpus promovido por uno de los abogados involucrados.
Según indicó, el conjunto de denuncias y los elementos aportados motivaron al Consejo a abrir formalmente la investigación. «Analizamos todas las denuncias, los descargos y los antecedentes. Consideramos que existían elementos suficientes para habilitar esta instancia de investigación», indicó.
«No es una sanción»
Uno de los puntos que Guillón buscó aclarar fue que la suspensión preventiva no constituye una sanción disciplinaria.
Explicó que el artículo 169 de la Constitución Provincial establece que, una vez admitida la acusación, el funcionario denunciado queda automáticamente suspendido mientras se desarrolla el jury. En este sentido manifestó: «Nadie aplicó ninguna sanción. Es una suspensión preventiva prevista por la Constitución Provincial. Nosotros no podemos dejar de cumplir esa norma.»
Asimismo, insistió en que la medida no afecta la honorabilidad de los magistrados involucrados. «De ninguna manera se está afectando el buen nombre ni la honorabilidad de los imputados. Lo que comienza es una investigación», apuntó.
Los próximos pasos
El consejero explicó que tanto Lineras como Collado ya fueron notificados y cuentan con diez días para presentar sus descargos, ofrecer pruebas y proponer testigos.
Una vez cumplida esa etapa, el Consejo fijará la fecha del debate oral y público. «Todas las partes podrán presentar pruebas, testigos y ejercer plenamente su derecho de defensa. El jury será público y la prensa podrá acceder a todas las audiencias», dijo.
Según detalló, el proceso puede concluir de distintas maneras: con el sobreseimiento del funcionario denunciado o con la aplicación de alguna sanción prevista por la ley, que puede ir desde una suspensión hasta la destitución.
Recordó incluso que existen antecedentes recientes de ambos escenarios. «El año pasado un juez fue sobreseído y volvió inmediatamente a sus funciones. En otro caso, una jueza fue destituida. Cada expediente tiene su propia evaluación», mencionó.
La preocupación por el funcionamiento de la Justicia
Consultado sobre el impacto institucional que tendrá la suspensión simultánea de un juez y un fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Guillón sostuvo que el Poder Judicial deberá garantizar la continuidad del servicio.
Negó que los organismos queden paralizados y aseguró que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración deberán designar subrogantes.
No obstante, reconoció que existe un problema estructural de cobertura de cargos en Sáenz Peña. «Comparto la preocupación por la falta de funcionarios judiciales. Desde el Consejo venimos trabajando permanentemente para cubrir vacantes mediante concursos», manifestó, e incluso recordó que recientemente fueron resueltos nuevos concursos para cargos judiciales en esa circunscripción.
«Prefiero investigar antes que archivar»
Sobre el criterio que guía su actuación dentro del Jurado de Enjuiciamiento, Guillón sostuvo que, cuando una denuncia cumple los requisitos legales y presenta pruebas suficientes, considera que debe investigarse. Sobre esto, afirmó: «Me cuesta rechazar una denuncia sin investigarla. Si existen pruebas y testimonios, creo que corresponde habilitar el proceso para que el denunciado pueda defenderse y el denunciante sepa que su presentación fue realmente analizada.»
Independencia en las decisiones
Finalmente, el diputado respondió a las versiones que atribuían la decisión a una postura partidaria.
Aclaró que, aunque informa a su bloque sobre la actividad del Consejo de la Magistratura, las decisiones dentro del Jurado de Enjuiciamiento son de carácter estrictamente personal y generan responsabilidad jurídica individual. «Esta es una responsabilidad personal que asumo como consejero. Estoy obligado a actuar conforme a la Constitución y responder personalmente por mis decisiones», conclutó.
