Sáenz Peña. El juez Rodolfo Lineras procedió diligentemente y otorgó a los letrados Olivieri y Pugacz un habeas corpus, ante lo que se interpretó como una amenaza inminente por parte del fiscal provisorio César Collado.
Los abogados del fuero local, Oscar Olivieri y Roberto Pugacz, interpusieron una acción de habeas corpus preventivo ante la Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad, a cargo del juez Rodolfo Lineras. La medida busca que la jurisdicción ordene el cese inmediato de la «amenaza real e inminente a su libertad ambulatoria» derivada de la «persecución, abuso de autoridad y manifiesta enemistad por el uso desviado del aparato punitivo del Estado».
Los abogados denunciantes le atribuyen esa «amenaza real e inminente» y «persecución, abuso de autoridad y manifiesta enemistad» al fiscal provisorio César Luis Collado, actualmente a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien públicamente en medios locales dijo que tenía un pene drive con pruebas que podrían incriminar a los abogados denunciantes, por lo que inició una investigación de oficio.
Collado ya había sido denunciado y tiene un pedido de Jury, por lo que los abogados denunciantes sostienen que el fiscal provisorio «utiliza la estructura del Ministerio Público para perseguir a quienes denunciaron su falta de idoneidad».
El juez Lineras resolvió en el habeas corpus que «se impondrá al fiscal provisorio César Luis Collado una medida prohibitiva de expresión, mientras permanezca en el cargo interino, consistente en la prohibición de expresarse o manifestarse públicamente, de modo general, específico o indirecto respecto de las personas de Oscar Exequiel Olivieri y Roberto Carlos Pugacz, sobre sucesos o acontecimientos vinculados a la esfera privada y laboral de los nombrados, utilizando para ello los diferentes medios de comunicación y expresión, internet o redes sociales (medios gráficos, televisivos, radiales, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros), bajo apercibimiento de ley».
Esta resolución de Lineras tiene que ver con que Collado en distintos posteos y medios le enrostró a Olivieri la cuestión del «Corralito Financiero», aquella restricción impuesta en Argentina el 1 de diciembre de 2001 por el ministro Domingo Cavallo limitando el retiro de efectivo bancario, donde muchos abogados actuaron de manera clave para recuperar ahorros atrapados, logrando fallos históricos contrarios a aquella medida inconstitucional del Gobierno de ese tiempo.
Pero la historia de este enfrentamiento de acusaciones cruzadas viene de otro contexto. Hay un marcado grupo de abogados y funcionarios judiciales que son adeptos al Gobierno radical actual, tanto provincial como municipal, y otro numeroso grupo que tienen apego al peronismo. El fuerte y visible enfrentamiento en el Colegio de Abogados, que escaló incluso en bochornosas acciones en el Consejo de la Magistratura dejando sin nombramiento varias fiscalías, es muestra cabal de que «la tormenta» que hoy sacude la Justicia no tiene que ver sólo con recusaciones y Juzgados afines, sino con alfiles vitalicios en lugares claves, algo que termina socavando la confianza pública en las instituciones.
