Por Víctor Zimmermann (*)
La pérdida de la tarifa social se produjo ante el incumplimiento de pagos efectuados por la empresa Secheep, y por error en las presentaciones del Defensor del Pueblo de la provincia.
La millonaria deuda que la empresa provincial Secheep tenía con la transportadora Cammesa por el consumo de luz, al 31/01/2016, fue de casi $800 millones, deuda que finalmente el Gobierno Nacional condonó a la empresa distribuidora Secheep, con el compromiso de la empresa provincial, de que a partir de ahí, pagara la energía en tiempo y forma, para poder seguir distribuyéndola.
Pero nuevamente el incumplimiento en los pagos de parte de Secheep en el ejercicio pasado (año 2016) a Cammesa, hizo que al mes de agosto/2016 se acumulara una nueva deuda de más de $491 millones, con la consecuencia de la pérdida de la tarifa social, otorgada por el gobierno nacional.
Esta nueva deuda de 2016, fue refinanciada mediante un plan de pagos en 30 cuotas que le permitió al Chaco volver a acceder a la tarifa social, pagando su 1er cuota en abril/2017 de $ 19 millones.
Posteriormente, el Defensor del Pueblo promovió una acción de amparo planteando la inconstitucionalidad de la Resolución 06/16 del Ministerio de Energía y Minería, además de una medida cautelar solicitando su suspensión total de la vigencia de la misma. Esto último provocó, la segunda pérdida de la tarifa social, ya que dejaba sin efecto la resolución que la instauró.
En este escenario, el oficialismo provincial trató de utilizar como excusa las tarifas para justificar su pésima administración de la última década; mientras que el Defensor del Pueblo, con sus ataques al Gobierno Nacional, intentó ocultar la torpeza con que manejó el tema.
Es que Corregido y sus asesores debían haber notado que al insistir con la caducidad de la resolución en su conjunto, dejaban también sin efecto la tarifa social. El solo análisis de la jurisprudencia reciente, les habría permitido realizar una presentación similar a la del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad que logró un fallo de la Corte que retrotrajo los aumentos y mantuvo la tarifa social.
Esta sucesión de papelones por parte de las autoridades provinciales solo pudo tener el desenlace que todos conocemos: la re facturación de los servicios cobrados indebidamente y que pretendieron evitar, y la devolución de la plata cobrada demás.
A lo que debemos sumarles el perjuicio económico, para la empresa y los usuarios que deberían haber usufructuado de los beneficios de la tarifa social, y no lo pueden hacer. Ahora, ¿quién se hará cargo de este costo?
Viveza criolla que fracasa y negligencia legal solo podría tener este final.
(*) Coordinador Regional Plan Belgrano
