Sáenz Peña. El pedido de investigación jurisdiccional de la fiscal es por “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita”.
La pesquisa a la supuesta banda delictiva que se dedicaba a quedarse con propiedades ajenas en Sáenz Peña e incluso en Corrientes llegó a un punto de inflexión con la solicitud elevada por la fiscal de Investigación Nº 1 de la localidad, Liliana Lupi, convencida de que el juez Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad termal, Pedro Juárez, está involucrado en la comisión de diversos delitos.
Tras procesar y encarcelar preventivamente a los abogados Juan Michlig y Pedro García, socios en el estudio jurídico del primero, Lupi se ocupó de revisar una voluminosa serie de expedientes que complican al juez Juárez, sobre quien además pesa un pedido de jury solicitado por el Superior Tribunal de Justicia y presentado por el procurador Jorge Canteros ante el Consejo de la Magistratura.
La investigación de Lupi, que comenzó hace más de diez meses con la revisión de presuntas estafas aisladas y terminó en una mega causa que complica a civiles, abogados y un juez, apunta a identificar maniobras fraudulentas que utilizaban los abogados Michlig y García, así como otras personas, para quedarse con casas, terrenos y vehículos de terceros.
JUÁREZ, ACORRALADO
Lupi informó esta mañana que ya presentó el requerimiento de investigación jurisdiccional contra el juez Juárez, a quien le imputó los delitos antes mencionados haciendo hincapié en su rol en una asociación ilícita “con carácter de organizador”.
Lo que empezó como la investigación de estafas aisladas, con la acumulación de expedientes y denuncias terminó en el trabajo articulado de varias personas: una asociación ilítica que, naturalmente, será necesario probar.
“Si se desmenuzan las causas en las que ha intervenido el juez Juárez y este estudio jurídico, vemos que su papel es relevante”, indicó y aclaró que también está involucrado un abogado de Resistencia, Alejandro La Regina, de quien sabían que dos meses atrás había trabajado en una causa tramitada ante el juzgado de Juárez, y ahora, en virtud de otros expedientes, resulta que intervino en dos causas más.
“No puede negarse su carácter de organizador junto con los detenidos Micling y García, más allá de lo que decidan las autoridades pertinentes, porque no sólo dicta esas resoluciones o sentencias favorables con mucha orfandad probatoria y documentación de dudosa procedencia, sino que lo hace en estas tres causas en la que interviene La Regina, que supuestamente no tienen nada que ver con el estudio Michlig: eso es lo que le da el carácter de organizador”, enfatizó.
LAS PRUEBAS
Lupi reveló que llegó a reunir 10 causas en las que se advirtieron irregularidades en el Juzgado de Juárez: “Esas causas que se investigaron algunas fueron por denuncias y otras de oficio, fue así que se realizó la apertura de la investigación penal preparatoria”.
La documentación que revisó Lupi iba desde el año 2012 hasta el comienzo de su investigación, en 2016. Durante ese lapso, aseguró, Juarez, Juan Michlig y Pablo García “se asociaron o pusieron de acuerdo para cometer determinados delitos que afectaron no sólo el orden público sino también derechos patrimoniales de terceros”.
Señaló que del estudio y tratamiento de los expedientes secuestrados del fuero civil se evidencia “una convergencia encaminada a tomar parte de una serie de ilícitos que perjudicaron los derechos de contenido patrimonial, despojándose en más de un caso de bienes registrables a las víctimas”.
“A través del tiempo se reflejó que la connivencia delictiva entre estos actores tuvo una larga permanencia, orquestándose así un acuerdo de carácter ilícito con el indispensable aporte del Dr Juarez como titular del Juzgado Civil y comercial Nº1 de esta esta ciudad”, aseguró.
MODUS OPERANDI
A título de ejemplo, Lupi pudo demostrar que cada vez que los abogados Michlig y García intervenían como abogados o patrocinantes en una acción o demanda durante 2015 y 2016, “como si fuera una fórmula de estilo, siempre recusaban a la Dra. María Laura Zovak, titular del Juzgado Civil Nº 2, y esta recusación era aceptada sin efectuarse un control racional de cada caso por el juez Juárez, lo que sugiere la intencionalidad recurrente por parte de los abogados de apartar a la juez anatural a fin de lograr la intervención de Juarez, sobre todo en causas en las que se pretendía la escrituración de bienes inmuebles en base a documentación que daba cuenta de una clara orfandad probatoria”. Hay unos 40 expedientes en los que Zovak fue recusada sin excepción.
Fuente: DiarioChaco
