Sáenz Peña. La embestida es contra el Juez Marcelo Gaúna. Desde la empresa de energía, el Gobierno arroja la idea de un juicio político o Jury de enjuiciamiento. Gaúna acaso es el «chivo expiatorio» ante los reveces del STJ para con el Gobierno?
El Gobierno kirchnerista de Domingo Peppo tuvo dos reveces en el seno del Superior Tribunal de Justicia, primero con la Ley de Emergencia Económica que abre el dilema sobre el uso del dinero del histórico juicio de ámbito judicial (2.800 millones que debían ser pagados en efectivo y en un solo pago, y que el Gobierno cambiando las reglas de juego ahora paga en cómodas cuotas y con quitas importantes, manteniendo el dinero en plazo fijo, generando intereses generosos) y la Ley que permitía la asunción provisoria de diputados suplentes. A partir de eso, todo integrante de la Justicia es enemigo público del Gobierno.
Pero Gaúna, que es vicepresidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, entidad que ventiló que en reuniones recientes Peppo admitió que en poco tiempo no sabe como hará para pagar sueldos, se «atrevió» a ser un juez independiente del poder político y oír a los usuarios que reclamaban que Secheep le mete la mano en el bolsillo. Ahora el Gobierno, a través del área de Asesoría Legal de SECHEEP denunció la “pérdida de competencia” del juez de Procesos Ejecutivos, Concursos y Quiebras de Sáenz Peña, Marcelo Gauna, en el marco de la discusión donde el magistrado saenzpeñense obligó a SECHEEP a frenar aumentos y devolver sobrefacturaciones, una orden judicial colectiva que, indudablemente, tocó «la caja» del Gobierno.
Mauro Farach y Marcelo Husty, asesores de Secheep, son los encargados de materializar el amedrentamiento al juez deslizando la posibilidad de presentaciones solicitando sanciones para el magistrado. En realidad es, un mensaje cifrado para Gaúna, buscando torcer la vocación y valentía que todo magistrado debe tener para no ceder ante las presiones de personas o grupos de poder, en este caso el mismo Gobierno.
La embestida del Gobierno mediante la asesoría de Secheep se menciona la violación de los principios del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley, remarcando que el magistrado ha contrariado todas estas garantías constitucionales reconocidas, como si el Gobierno de Peppo mediante la empresa de energía no ha cometido también esas faltas para con cada uno de los usuarios que se vieron pisoteados por el mismo Estado, prácticamente indefensos.
El Gobierno busca hacer notar que el juez se extralimitó, es decir que cometió un exceso en lo jurídico, y remarca supuesto incumplimiento y abuso. En el escrito, la amenaza al juez queda expresa y más que clara: los asesores legales, así como los directivos analizan “si el accionar del juez Gauna es pasible de sanciones, como un juicio político o Jury de enjuiciamiento”.
Fiel a la matriz kirchnerista parece que ahora también en Chaco actores enquistados en el poder político comenzarán a atacar a jueces para convertir en mártires a quienes están amparados por el paraguas protector del Gobierno, como el caso de Tallara y los funcionarios provinciales.
