27 mayo, 2024

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Medida cautelar «suspende» intención de cobro de fotomultas que pretendía el gobierno de Zdero

Resistencia. El juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, argumentó su decisión al considerar que «la falta de comunicación adecuada a los ciudadanos sobre la existencia y ubicación de los radares impidió que estos ajustaran su comportamiento vial».

Este martes, una medida cautelar impulsada por el juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, ordenó suspender el cobro de infracciones generadas por fotomultas en la provincia del Chaco, en el medio de la polémica que generó en los últimos días la aparición de una página web donde se podían buscar estas ordenanzas de manera particular.

Este instrumento se construyó luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo del Chaco, a partir de las innumerables consultas que recibieron tras la publicación del link por parte de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia («más de cien al día», afirmaron). En ese sitio web, los ciudadanos encontraron infracciones de tránsito desde el año 2022 que nunca habían sido notificados.

La medida cautelar ordena textualmente suspender «todo trámite administrativo y/o judicial en relación a supuestas infracciones labradas por medio de mecánica cinemática (radares) en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan la provincia y cuyo contralor se encuentra a cargo de la Policía Caminera Provincial, que surjan de radares colocados y o habilitados del año 2022 en adelante, todo mientras se tramita el amparo».

En este contexto, la Defensoría había solicitado información sobre los radares al Ministerio de Seguridad, pero nunca recibió una respuesta clara. «La falta de comunicación adecuada a los ciudadanos sobre la existencia y ubicación de los radares impidió que estos ajustaran su comportamiento vial, convirtiendo los radares en un sistema sancionatorio más que en una medida para mejorar la seguridad vial», sostiene el documento.

Por último, Flores sostiene que «el conflicto expuesto refleja cómo una actuación alejada de la legalidad puede socavar la seguridad jurídica en un Estado de Derecho. La falta de información, notificaciones inadecuadas y el elevado número de multas generaron un estado de indefensión en la ciudadanía«.

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