Resistencia. El requerimiento de Sabadini apunta a delitos como la malversación de caudales públicos, en calidad de autores; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores; e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La fiscalía federal solicitó a la jueza federal N° 1, Zunilda Niremperger, que se avance en una tercera causa de lavado de activos, por lo que investigarán a ex titulares del Instituto de Viviendas y, hasta el momento, a un intendente.
Esta vez la Fiscalía Federal busca probar irregularidades cometidas con fondos que debían ser destinados a la construcción de viviendas.
Por ello, solicitó la investigación de los ex presidentes de IPDUV Domingo Peppo, Sebastián Agostini y José Valentín “Abá” Benítez; también del ex coordinador del organismo, Horacio Rey y del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner.
Tal cual el documento de instrucción al que pudo acceder Diario Chaco, Domingo Peppo, José Valentín Benítez, Juan Sebastián Agostini y Horacio Rey serán investigados por los delitos precedentes al lavado de activos “Malversación de caudales públicos, en calidad de autores; Fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores; e Incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Por su parte, el intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, y el secretario de Gobierno de la misma localidad, José Héctor Hipperdinger, serán investigados por “Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público, en calidad de autores”. Además, por delitos precedentes “Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor; Asociación ilícita en calidad de autor (pertenencia); Enriquecimiento ilícito, en calidad de autor; Malversación de caudales públicos en calidad de autor; Fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor; Incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El hijo del secretario de Gobierno, Héctor Adrián Hipperdinger, y Rosana Giménez, serán investigados por “Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda en calidad de coautores” y por los delitos precedentes “Asociación ilícita en calidad de autor (pertenencia); Enriquecimiento ilícito, como persona interpuesta; Fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor”.
Por último, Adriana Hipperdinger y Silvia Hipperdinger, serán investigadas por Lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de coautoras y por los delitos precedentes “Enriquecimiento ilícito como persona interpuesta”.
Según se explica en el documento, la requisitoria se da “a efectos de profundizar la investigación de las conductas desplegadas por los mismos en el marco de los hechos denunciados durante su gestión como Presidentes y Coordinador –por Horacio Rey- del Instituto Provincial de Viviendas y Desarrollo Urbano del Chaco- IPDUV, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan”.
LA CAUSA
Según pudo saber este medio, la nueva investigación comienza tras la recepción de un oficio en el que la fiscal General subrogante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en el que la ex diputada provincial Marilyn Canata solicita investigación por supuestas irregularidades en la implementación de programas de vivienda a través de cooperativas.
En ese marco, tras un dictamen del ex fiscal adjunto de la FIA Dugaldo Ferreyra y un informe técnico contable, surge “la constatación de importantes irregularidades en la implementación y ejecución de Programas Nacionales para la construcción de viviendas en la Provincia del Chaco a través de Cooperativas, específicamente denominados: Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria y Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales”.
Cuando avanza la investigación, notan que en el marco de los programas nacionales antes mencionados y por el período 1 de enero de 2011 al 30 de mayo del 2016 se realizaron transferencias de fondos a 301 cooperativas por un total de $932.074.899,82, según surge de un informe del Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas del Chaco de la carpeta de pruebas “A”. Pero la irregularidad surge cuando se dan cuenta que el IPDUV reporta transferencias en la misma fecha por $1.023.908.660,84, tal cual lo muestra la carpeta de pruebas “B”.
Además, el informe de ejecución de obras muestra el avance de las adjudicadas a 219, que se reparten unas 2448 viviendas, de las cuales solo se encontrarían finalizadas 539, un 22%. Según la presentación judicial, “estos últimos resultados en torno a los avances de ejecución, contrastan con los informes suministrados a la FIA por el mismo IPDUV en fecha 02 de junio del 2016, en el que expresa, en su punto 6) cantidad de viviendas terminadas 2.300, en ejecución 280, mejoramientos terminados 280, en ejecución 350 (Cuaderno de Pruebas «B» fs. 1)”.
