Resistencia. El estado de las rutas es desastroso, y en medio de una movida privatista del Estado se decidió intervenir Corredores Viales S.A., compañía estatal con capital accionario repartido entre Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte.
El presidente Javier Milei dispuso este jueves la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. en medio del proceso de privatización de rutas que ya lanzó el Gobierno. Así quedó plasmado en el Decreto 244/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Así, la empresa que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem.
La interventora deberá avanzar en una auditoría de gestión, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.
También tendrá a su cargo la revisión de la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y despedir trabajadores.
La intervención se dispuso además por «tiempo indefinido» y tiene por objetivo sanear los números de la empresa como paso previo a su privatización.
El proceso de privatización de la empresa estatal encargada de manejar las principales rutas del país ya había sido anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a mediados de febrero pasado en el marco de su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Asimismo, explicó que el objetivo final será que las nuevas concesionarias ingresen bajo un modelo de obra pública por peajes.
«A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios», amplió en aquella oportunidad el ahora candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.
El plan oficial es pasar al sector privado más de 9.000 kilómetros de caminos, por el que circula un 80% del tráfico.
