Resistencia. En una entrevista con Gustavo Sylvestre habló del condicionamiento de la política hacia la Justicia. Dio su opinión sobre el proceso del desafuero.
«Tenemos elementos para presumir que la diputada Aída Ayala tiene un grado de autoría más que de participación en el lavado de dinero agravado por su calidad de funcionaria pública», afirmó el fiscal federal Patricio Sabadini este jueves en una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10.
Pero también, anticipó que está trabajando en otros expedientes «que involucran a personas de otro color político» diferente al de Ayala.
¿Y EL DESAFUERO?
Sabadini se refirió al pedido de desafuero de Ayala, e indicó: “Tenemos el pedido avalado por la jueza (Zunilda Niremperger) y estamos a resuelta y condicionados por la fase política. Seguimos con la investigación pero estamos a la espera de qué es lo que resuelve el Congreso que tiene su tiempo, su agenda y veremos cómo transcurre este tiempo”, indicó.
Asimismo, el fiscal reveló que la diputada presentó un escrito “de eximición de prisión”. “Nosotros hemos solicitado los informes socioambientales y la jueza después nos correrá vista de nuevo para opinar. Pero adelantando opinión seguimos con este pedido”, dijo al indicar que la solicitud de desafuero para Aída Ayala depende del Congreso.
Recordó que los delitos por los que está imputada la exintendenta de Resistencia es “lavado de dinero, agravado por su calidad de funcionario pública, y ser miembro de una banda”. “Esta investigación recién comienza, pero contamos con elementos para presumir que la misma tuvo un grado de autoría en el hecho”, insistió Sabadini.
“Nosotros buscamos bienes, relaciones, estamos en la etapa investigativa”, agregó.
La investigación, precisó, “inicia hace tres meses, con una denuncia –llamado telefónico- que presumimos es un empleado municipal que estaba cansado y harto de los desmanejos y las extorsiones del jefe del Sindicato de Empleados Municipales, Jacinto Sampayo, que tendría una persona de su confianza y testaferro Carlos Huidobro, y que lavaría dinero con Pimp S.A”, reveló Sabadini.
Con esa punta señaló se inició la investigación y agregó que “figura como dueña, una persona joven, modelo, pero que en realidad sería Alejandro Fischer, esposo, y quien tendría relación con Ayala”, y recordó los vínculos –jefe de campaña, relaciones comerciales y de afecto con familiares de la diputada-, aunque reconoció que Ayala lo desmintió y se desvinculó de esta persona.
El fiscal brindó así detalles de esta investigación que involucra a los principales contratistas de obra pública y de servicios con la Municipalidad en la época en la que Aída Ayala era intendenta de Resistencia.
Especificó que el contrato inicial era de $250 millones hasta 2023. “Esto nos preocupó muchísimo porque involucra a gestiones actuales y futuras, Aída Ayala abandonó la gestión en 2015, se firma el contrato en 2014”, dijo.
Para Sabadini el contrato y formación de esta empresa –Pimp SA- “es turbio”, y cito que la empresa fue habilitada en personería jurídica en febrero 2014 el mismo año que se le otorga la licitación y por muchos años. “La oferta se cerró 7 días después del 14 de febrero, y fue la única oferente”, informó como dato que levantó sospecha.
“Es una empresa hecha a medida por gente de confianza de la exintendenta”, evaluó el fiscal y agregó que el otro aspecto a tener en cuenta “es el sobreprecio de los servicios”.
Asimismo, se refirió a Jorge Capitanich, intendente justicialista actual quien renegocia ese contrato. “Veremos después si lo hizo formalmente, pero consta que hubo quita de deuda con la empresa, nuevas exigencias como ampliar el radio de cobertura de los camiones, cuestiones que acepta la empresa, pero no creemos que lo hace por cuestiones altruistas”, tiró.
“Acá llama la atención que la empresa siga funcionando”, añadió y aclaró que los expedientes se investigación “sin distinción del color político”. Sabadini asegura que “no hay presiones”, pero sí manifestaciones que forman parte de la realidad de los argentinos.
Por último confirmó que “existen otros expedientes que involucran a otras personas de otro signo político”.
